El Gobierno aprueba un decreto ley para regular las cuentas bancarias básicas, un servicio que tendrá una comisión máxima de tres euros mensuales y que será gratuito para los más desfavorecidos
28 feb 2019 . Actualizado a las 19:23 h.En materia bancaria, no hay exclusión posible. Lo dijo ya la Unión Europea en el 2014 y, en su momento, España tomó nota. Ahora, a través de un decreto ley, el Ministerio de Economía ha entrado en los pormenores. Las bautizadas como cuentas bancarias de pagos básicas, un producto creado por los mandamases del Viejo Continente para garantizar un acceso universal a los servicios financieros, tendrán una comisión máxima de tres euros al mes para la mayoría de los clientes y, además, serán totalmente gratuitas para los más desfavorecidos. Esas son algunas de las principales características anunciadas por la responsable de la cartera económica, Nadia Calviño.
Pero hay más. Estas cuentas permitirán las transacciones más básicas, como tener domiciliada la nómina, disponer de una tarjeta de débito, realizar retiradas de efectivo en cajeros y hacer transferencias. Los clientes que se beneficien de este servicio tendrán, además, un límite para transferencias y domiciliaciones de 120 operaciones anuales. Un tope que no afectará al uso de los cajeros o a los pagos con tarjeta que, en principio, serán ilimitados.
El objetivo que persiguen las autoridades con la salida de este producto bancario es permitir a todo el mundo acceder a un servicio primordial y básico en el día a día. Pero habrá excepciones. No todos los ciudadanos podrán tener una. Quedan excluidos del servicio los clientes que puedan ser expulsados del país, los que no aporten la información requerida por el banco para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y aquellas personas que se considere que puedan perjudicar a los «intereses de la seguridad nacional o de orden público».
Una norma demorada
El proceso ha sido largo. Y tortuoso. La normativa ha vivido un cambio de Gobierno y varias demoras. Pero, cinco años después de que Bruselas pusiera el proyecto sobre la mesa, el decreto ha visto finalmente la luz.
El Ejecutivo de Rajoy aprobó el marco general a finales del 2017. Lo hacía ya con un año de retraso según el calendario que manejaban en la Unión Europea. La norma salía con importantes aspectos todavía por desarrollar. Unos flecos que el Gobierno socialista heredó de sus antecesores en la Moncloa y que han tardado quince meses en afinar.