España se enfrenta a una multa de 80 millones de euros por el retraso en la reforma de la Ley Hipotecaria
ECONOMÍA
La sanción sería de casi 106.000 euros por cada día de demora en la trasposición de la normativa comunitaria al derecho nacional
28 mar 2019 . Actualizado a las 20:12 h.Cinco años. Es el tiempo que ha tardado España en adoptar la Directiva europea sobre hipotecas. Tras un interminable traqueteo de cartas, avisos, excusas y amenazas, Bruselas decidió llevar al país ante la justicia europea. El Tribunal de Luxemburgo emitió este jueves su primera opinión. Lo hizo de la mano del letrado Eugeni Tanchev, quien no ha dejado títere con cabeza. Recomienda sancionar de forma ejemplar a España por las demoras e incumplimientos deliberados que acarrearon consecuencias «graves» para los ciudadanos. El país se enfrenta a una multa de hasta 80 millones de euros.
Desidia política
La Directiva europea de hipotecas fue aprobada el 4 de febrero del 2014, con el Ejecutivo de Mariano Rajoy al frente. Su equipo tenía como fecha límite para transponer esa Directiva hasta el 21 de marzo del 2016. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ignoró los plazos y las llamadas de Bruselas para enmendar la legislación hipotecaria y ofrecer mejor protección, información y más garantías a los consumidores frente a los abusos de las entidades bancarias. La Comisión Europea pidió explicaciones el 26 de mayo del 2016 por esa actitud negligente. Madrid presentó sus excusas en el mes de julio y se encomendó a «circunstancias inusuales» para justificar los retrasos. ¿A qué se refería? A que el Ejecutivo estaba en funciones. Una circunstancia que al Abogado General le da igual: «El Estado miembro no puede alegar circunstancias tales como la celebración de elecciones legislativas o que el Gobierno se encontrara en funciones para justificar el incumplimiento de sus obligaciones», señala. Tampoco Bruselas admite esta coartada. Las autoridades europeas le dieron un ultimátum a España el 17 de noviembre del 2016: «O se aprueba la Directiva en dos meses o acudiremos a la justicia». Ese plazo expiró sin novedades el 18 de enero del 2017. Cansada del baile de fechas, de las excusas y de la desidia de la Administración española, Bruselas acudió el 27 de abril del 2017 al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para denunciar la situación y en el mes de septiembre exigió la imposición de una multa de 105.991 euros por cada día de incumplimiento.
Multas más duras
Tanchev propone invocar un artículo incorporado en el Tratado de Lisboa para endurecer y acelerar las multas a España. Bruselas pidió, y el letrado está de acuerdo, echar mano de esta palanca para reclamar a al país alrededor de 80 millones de euros por los 24 meses de incumplimiento (desde el 18 de enero del 2017 en el que la Comisión emite su dictamen al 21 de enero del 2019, fecha de la audiencia contra España). A ello habría que sumarle otras semanas de retraso, ya que el Gobierno de Sánchez no llegó a aprobar la nueva Ley hipotecaria hasta el pasado 16 de marzo. El Gobierno lo encuentra «desproporcionado», pero el abogado lo justifica.
Consecuencias negativas
Tanchev sostiene que la indolencia de las autoridades nacionales tuvo «consecuencias negativas» y «graves» en el contexto español «especialmente a la luz de los problemas de su sector hipotecario», señala el letrado antes de denunciar que se restringió la gama de servicios ofrecidos, resultado en un incremento de los precios. También se privó a los españoles de ciertos derechos de los que sí disfrutaron sus vecinos europeos. «La Directiva se situaba en el trasfondo de la crisis financiera mundial y, por tanto, tiene por objeto crear un mercado interior de crédito hipotecario y favorecer la estabilidad financiera garantizando para ello un funcionamiento responsable de los mercados de crédito hipotecario», recuerda. Algo que España no pudo garantizar. Ya lo había advertido antes el Parlamento Europeo, quien en una resolución del 8 de octubre del 2015 llamó la atención sobre los cientos de miles desahucios y la falta de protección de los prestatarios que había ocasionado la crisis financiera en España. Ante el desamparo de la gente, la Eurocámara exigió a Bruselas que supervisara de forma estrecha a las autoridades españoles para que se aplicara con eficacia la Directiva, algo que nunca ocurrió en vista del volumen de decisiones prejudiciales dirigidas al Tribunal europeo en torno a cláusulas y prácticas abusivas en el sector hipotecario español.
