El caso Villarejo genera intranquilidad por su deriva judicial y el impacto que puede tener en la reputación de la compañía
01 dic 2019 . Actualizado a las 05:00 h.No es que su aterrizaje como consejero delegado en el 2001 fuese precisamente como la llegada a un balneario. Se encontró una empresa sin pulso, que estaba en posición de venta, un equipo directivo desmoralizado y, según sus propias palabras, «una empresa en la que a los clientes se les llama abonados». Poner aquello en órbita, hasta conseguir la Iberdrola de hoy supuso un gran esfuerzo y seguro que también desgaste personal. Pero lo que ha sucedido en las últimas semanas después de que se filtrasen las relaciones entre Iberdrola y el excomisario ahora en prisión José Manuel Villarejo es, sin duda, el golpe más duro en su dilatada y exitosa carrera como gestor. Ignacio Galán (Salamanca, 1950) no ha hecho aún declaraciones públicas sobre el ruido que envuelve ya un día sí y otro también a la empresa. «No tenemos nada que temer. Hemos hecho una investigación interna y no hay irregularidades. Nada hay de ilegal en lo que se ha dado a conocer», aseguran portavoces oficiales de la empresa.
Pero en el consejo de administración y en el seno de la propia compañía se respira una innegable preocupación. Los fondos de inversión, en especial los norteamericanos, son extraordinariamente sensibles a las empresas que atraviesan problemas de reputación. Ese movimiento que eleva los omóplatos y baja el nivel de la cabeza, lo que se conoce como encogerse de hombros, acompañado de un rictus tenso en el rostro, es la primera reacción que uno encuentra cuando sondea en privado en el entorno de la cúpula de la compañía eléctrica. En especial porque el control de la situación escapa a la capacidad de reacción de la empresa y se sitúa en la Audiencia Nacional y en manos de un juez, Manuel García Castellón -el magistrado que metió a Mario Conde en la cárcel-, pulcro, detallista, alejado siempre de los focos, tan pausado y contundente como una apisonadora.
Lo que más preocupa en estos momentos en ese ámbito es el paralelismo que puede establecerse en el procedimiento judicial con lo que está sucediendo en BBVA. En concreto con la imputación de Francisco González. «La imputación del presidente de Iberdrola -reconocen sin dudarlo- sería un terremoto para la empresa».
De momento, sin embargo, el impacto de este escándalo en la cotización de las acciones no ha pasado de significar una leve corrección en los últimos meses; bien es verdad que tras un dilatado periodo de revalorización sostenida.
El fondo de la cuestión es sobradamente conocido. De un lado, Iberdrola ha admitido que entre los años 2004 y 2017 hizo 17 encargos a las empresas ligadas al excomisario para realizar trabajos de investigación y seguridad «normales». Esto es, sin que ello contemplase actuaciones supuestamente irregulares como las que han trascendido -entre ellas montajes para desacreditar a algunas personas en relación con su vida privada- o un contraataque sucio, alejado de las reglas del código mercantil, frente a los intentos de ACS y de Florentino Pérez de hacerse con el control de la eléctrica. Desde Iberdrola insisten en que no hay en los registros de la empresa contratos con Villarejo en los años en que se sustanció aquella batalla -de 2009 a 2012- que la energética ganó en los tribunales. Más aún, la versión oficial es que si algo turbio ha ocurrido en la compañía ha sido por iniciativa individual de algún directivo en particular, sin el respaldo de las alturas. Ese es precisamente uno de los aspectos clave que debe desvelar el proceso de investigación. Como en el caso Watergate, ¿sabía o no el presidente...?
«Lo imposible se logra»
Desde su despacho en la Torre Iberdrola de Bilbao se puede observar un moderno edificio de viviendas situado justo enfrente, con un aire un tanto Disney. En la base de una de las cúpulas del edificio, en letras enormes, se reproduce un proverbio en euskera: «Ezina, ekinez egina». Algo así como «lo imposible se logra poniéndose a ello». Internamente, aseguran, Galán ha lanzado ya un mensaje de batalla. Algo así como «si alguien quiere guerra, la va a tener». El primer movimiento de esta estrategia ha sido, cuando menos, inusual y efectista. El juez que lleva el caso había ordenado a dos medios de comunicación que paralizasen la publicación del contenido de conversaciones grabadas por Villarejo y el que ha sido durante años jefe de seguridad de Iberdrola, Antonio Asenjo, epicentro ahora de todas las sospechas. Iberdrola, sin embargo, ha pedido a García Castellón todo lo contrario, que permita la publicación «para enterarnos de lo que ha sucedido, porque eso nos ayudará. No tenemos nada que esconder», insisten fuentes oficiales. Mientras tanto, en ese ámbito que ahora se denomina «los despachos del Ibex», la sensación es que esas conversaciones contienen «trapos sucios de Florentino Pérez, desconocidos hasta ahora, y Galán quiere que se conozcan».
El segundo movimiento ha llegado encadenado. El viernes pidió a la CNMV que investigue a ACS y a Florentino Pérez en dos ámbitos bien distintos: la supuesta existencia de sociedades en paraísos fiscales del también presidente del Real Madrid y la dimisión, hace tan solo unos días, del consejero de la constructora Manuel Delgado. Un consejero que, al parecer, hacía de confidente del excomisario.
Los dedos en el enchufe
El presidente de Iberdrola nunca ha dudado en achacar a una habilidad particular su dilatado mandato al frente de la empresa que le permite ser el gestor que lleva más al frente de una utility europea. «Como estoy en una eléctrica, creo que he tenido mucho cuidado en no meter los dedos en el enchufe», dijo a finales del 2017 en un acto público celebrado en Madrid.
Esta semana, aseguran algunas fuentes, Galán ha creído entender que alguien trata de acercarle la mano a ese enchufe virtual y un documento de apenas tres folios ha generado un enfado que alguien define como «brutal». Ha sido el texto publicado por la CNMV en el que el supervisor del mercado bursátil revela su «preocupación» por las presuntas irregularidades que afectan a empresas cotizadas. Algo de razón no le falta a ese enfado, porque la CNMV ha tardado más de un año en reaccionar ante este tipo de cuestiones, para hacerlo justo en el momento en el que es Iberdrola quien ocupa un papel destacado en ese escenario.
