Sobre la mesa del Consejo de Ministros también está en estudio suspender temporalmente las cuotas de los autónomos a la Seguridad Social o una cobertura del paro sin cotización mínima
16 mar 2020 . Actualizado a las 20:40 h.Después de que el pasado jueves la primera batería de medidas económicas anunciada por Pedro Sánchez se quedara en pólvora mojada y decepcionara tanto a los agentes sociales como a las organizaciones de autónomos, el Consejo de Ministros vuelve hoy a tener sobre la mesa un nuevo paquete sociolaboral con el que hacer un torniquete a la hemorragia que la crisis sanitaria del coronavirus está provocando a empresas y trabajadores. Dar luz verde a los ERTE exprés, agilizando y simplificando los procedimientos para su aplicación, es una de las principales reclamaciones de patronal y sindicatos que saldrán hoy de la reunión de la Moncloa.
Pero no será la única, ya que también están en estudio otras reclamadas por agentes sociales y autónomos y que, por su enorme coste para unas arcas públicas con escaso margen de maniobra, evidencian la profunda división de posturas entre los socios de Gobierno. Por ello, como ya ocurrió el sábado con la declaración del estado de alarma, la negociación se mantendrá hasta el último segundo y ni siquiera es seguro que todo el paquete previsto se apruebe a la vez. Eximir a los autónomos del pago de las cuotas a la Seguridad Social mientras se mantenga la orden de cierre de sus establecimientos o extender la cobertura del paro sin período mínimo de cotización están entre las decisiones que más división generan.
Liquidez
Hasta 50.000 millones en créditos del ICO. Lo que sí está decidido, para aliviar las tensiones de liquidez por la dramática paralización de la actividad, es que el Consejo de Ministros apruebe una línea de créditos del ICO -con intereses reducidos y plazos flexibles- que podría alcanzar un máximo de 50.000 millones. Aunque se modulará en función de la duración de la crisis sanitaria y de las necesidades del tejido productivo, según señalaron las fuentes consultadas, esta vía de crédito arrancaría inicialmente con 20.000 millones.
Precisamente este fin de semana la CEOE insistía en reclamar «mecanismos útiles y rápidos» que garanticen la liquidez a las empresas, especialmente a pymes y autónomos, «para evitar su quiebra inmediata» y que puedan mantener su actividad, protegiendo el empleo. Y ayer mismo, ante la gravedad de la pandemia, el FMI anunciaba su disposición a movilizar hasta un billón de dólares (casi 900.000 millones de euros) a través de facilidades de crédito a los miembros que lo precisen para evitar «quiebras en cascada y despidos masivos».
ERTE
Agilizar la regulación temporal de empleo. Salvo cambios de última hora, el Ejecutivo incorporará en la normativa laboral los cambios que plantearon patronal, sindicatos y autónomos para agilizar la tramitación de la avalancha de expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que el coronavirus está provocando.
Se trata de evitar despidos masivos, facilitando los expedientes temporales al considerar la pandemia como una «fuerza mayor». Esto permitiría aplicar, desde reducciones de jornada (entre el 10 y el 60 %) a la plantilla, hasta realizar ajustes exprés (el plazo de consultas se rebaja a 7 días y el de aprobación por la inspección a otros tantos), de modo que los trabajadores vayan al paro y sea el Estado quien abone su prestación. Los agentes sociales reclamaban, además, que el paro consumido por esta razón no se contabilizase para futuras situaciones de prestación por desempleo y que se contemple también el acceso a la prestación sin exigir período de carencia. Dicho plazo está ahora fijado en 180 días de cotización en los últimos cinco años, lo que deja excluidos a los trabajadores más vulnerables, como los jóvenes o los afectados por la temporalidad.
PARO
Sin una cotización mínima. Otra de las medidas que está sobre la mesa -aunque con pocos visos de prosperar- es la de que los trabajadores con menores rentas puedan percibir el paro aunque no cumplan el período de cotización mínimo exigido: 360 días en los últimos seis años.
autónomos
Exención de cotizaciones y prestación por cese de actividad. Las redes sociales recogían ayer el clamor de los emprendedores pidiendo al Gobierno que les exima del pago de las cuotas a la Seguridad Social, dado que la emergencia sanitaria ha cerrado el grifo de sus ingresos. Las organizaciones de autónomos (ATA, UPTA y Uatae) ya se lo habían trasladado el viernes al Ejecutivo, que probablemente le dará hoy una respuesta afirmativa.
De este modo, según confirmaron las fuentes consultadas, mientras se prolongue el estado de alarma, los autónomos se verían aliviados de dicha carga, después de que el jueves el Ejecutivo acordara concederles una moratoria de seis meses en sus obligaciones tributarias.
Lo que no parece que vaya a salir adelante es otra de las reclamaciones del colectivo: que se les garantice el cobro automático de la prestación por cese de actividad si «la fuerza mayor» del coronavirus se lleva por delante su negocio.