El Gobierno extiende la prohibición de cortar los suministros básicos a todos los beneficiarios del bono social eléctrico
18 mar 2020 . Actualizado a las 17:17 h.A lo largo del próximo mes, el Gobierno prohíbe a las empresas de luz, agua y gas que les corten el suministro por impago a las familias más vulnerables o en riesgo de exclusión social. Son aquellas que ingresen al año un máximo de 11.500 euros (1,5 veces el IPREM en catorce pagas) si no tienen hijos; 15.380 si tienen uno; y 19.200 si son dos. Esos son los topes de renta, y de ahí para abajo. Así son los baremos que se aplicaban ya para disfrutar de los descuentos en la factura de la luz (del 25 % como mínimo) a través del bono social. Y son los que ha vuelto a utilizar el Gobierno para ampliar la protección a los servicios de gas y agua.
Los cortes de suministro ya estaban vetados hasta ahora a una parte de los beneficiarios del bono social: aquellos en riesgo de exclusión social y que estaban siendo atendidos por los servicios sociales. A partir de este miércoles, y durante el próximo mes, ese blindaje del suministro se extiende a todos los consumidores con bono social, casi 1,3 millones de hogares, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica. Entre ellos, el colectivo de pensionistas con prestaciones mínimas, que supone aproximadamente el 13 % del total de beneficiarios, detalló el departamento dirigido por Teresa Ribera.
Las familias numerosas tienen derecho también a disfrutar del bono social eléctrico cobren lo que cobren y, por tanto, también quedan blindadas frente a los cortes de suministro.
Al margen de los ingresos familiares, tampoco se podía ya (y así va a continuar) dejar a oscuras a los hogares acogidos al bono social en los que haya al menos un menor de 16 años, una persona con discapacidad igual o superior al 33 % o con grado de dependencia II o III, previo certificado expedido por los servicios sociales.
Pero que los consumidores más vulnerables y familias numerosas estén blindados ante los cortes de luz, agua y gas por impago de facturas no quiere decir que no tengan que afrontar la obligación, aunque se paraliza el procedimiento que desembocaría en la interrupción del suministro (se produce a los cuatro meses del impago).
Algunas compañías, como Endesa, se adelantaron a las medidas del Ejecutivo y han paralizado la ejecución de los expedientes de cortes a todos sus clientes. Naturgy e Iberdrola permiten aplazar los pagos de facturas.
Otra medida del Gobierno para blindar ahora la protección de los consumidores es prorrogar automáticamente hasta el 15 de septiembre los beneficios del bono social si este vencía de aquí a allá. También se suspende la revisión de precios de la bombona de butano (se mantiene en 13,37 euros), del gas canalizado, y de la tarifa de último recurso de gas para evitar alzas.
