El nuevo inversor mantiene el proyecto de producir otra vez aluminio primario
18 abr 2020 . Actualizado a las 05:00 h.El grupo industrial Riesgo gestiona ya las dos fábricas de aluminio secundario de A Coruña y Avilés, con 328 y 286 trabajadores, respectivamente - que hasta julio pasado pertenecían a Alcoa-, tras recomprárselas al fondo suizo Parter. El nuevo propietario adelanta que asume como suyos los compromisos adquiridos por el anterior dueño con la multinacional del aluminio, esto es, mantener el empleo al menos durante dos años, es decir, hasta el verano del 2021, y aplicar un plan industrial. Riesgo incluso ha dado cifras: 20 millones de inversión inmediata y luego otros 250 millones en un plan a cinco años «que tiene como objetivo colocar a Alu Ibérica -nuevo nombre de las plantas elegido por Parter- como el polo industrial líder del aluminio verde en el sur de Europa».
Y también ha heredado el grupo industrial la ya casi histórica reivindicación, tanto de Alcoa como de su sucesor, de disponer de un precio competitivo de la electricidad. ¿Para qué? Para retomar la fabricación de aluminio primario, que se obtiene por electrolisis. La multinacional estadounidense apagó las cubas donde se elaboraba ese metal en febrero del 2019 -solo funcionan las fundiciones para elaborar aluminio secundario- a la vista de las pérdidas que arrojaba el negocio, en parte por el elevado precio eléctrico.
El anterior propietario, en el acuerdo para comprar las fábricas de Alcoa, aceptó mantener vivo el rearranque de las cubas, pero lo condicionó al coste de la energía. Riesgo asume ahora tanto lo uno como lo otro y le reclama al Gobierno que haga lo segundo para que ella haga lo primero.
Recuperar las cubas de electrolisis es importante porque, aunque estén paradas, algo más de la mitad de las plantillas siguen adscritas a ese servicio (168 de 328 operarios en A Coruña y 155 de 286 en Avilés), y corren peligro si para cuando se agote el plazo de garantía del empleo (julio del 2021) siguen inactivas.
Así, Riesgo exige al Gobierno que apruebe el estatuto del consumidor electrointensivo (industrias cuyos procesos productivos precisan energía eléctrica para llevarlos a cabo) y solucione «esa desventaja competitiva de nuestra industria» en relación a los competidores de otros países europeos.
En ese mismo sentido se ha pronunciado, al fin, la Xunta, que ha vuelto a reclamar para las plantas, y para el resto del sector electrointensivo gallego -en el que se integran empresas como Ferroatlántica, Megasa o Celsa, que suma unos 5.000 empleos, según el Gobierno autónomo- un marco retributivo estable que garantice un precio eléctrico competitivo y predecible a largo plazo. Y eso lo puede comprometer el Gobierno aprobando un estatuto que prometió hace año y medio, pero que aún no ha visto la luz. Ese documento contiene medidas de compensación a las industrias.
La Xunta resalta que «de feito, non se trata só de aprobar un estatuto. O que necesita Galicia é que se fixe un prezo eléctrico estable a curto, medio e longo prazo para que a industria electrointensiva galega poida traballar en igualdade de condicións que o resto de Europa».
Sobre la reventa de las plantas, la Consellería de Industria prefiere aguardar a tener todos los detalles, pues desconocía por completo las negociaciones que fructificaron en la operación. En este sentido, insta al Gobierno central a que convoque a los actores que participaron, hace un año, en la búsqueda de compradores para las fábricas -entre los que se encuentran Xunta y Principado- para analizar la situación.
Pero, al mismo tiempo, reclama al nuevo inversor que asuma las obligaciones contraídas por Parter cuando adquirió las instalaciones: mantenimiento de los empleos e inversiones.