El pacto incluía pagarle la mitad en el 2019, cuando el fondo fraguó ya la reventa
13 may 2020 . Actualizado a las 09:05 h.«Estamos muy contentos con esta adquisición [...]. Junto con los equipos extraordinariamente comprometidos de Avilés y La Coruña, tenemos la intención de construir un futuro positivo y duradero que incluya grandes oportunidades para las plantas en los mercados de aluminio reciclado». Así de ilusionado se mostraba Rüdiger Terhorst, socio director de Parter Capital Group, el 31 de julio del 2019, tras anunciar, junto a Timothy Reyes, vicepresidente ejecutivo de Alcoa y presidente del negocio de aluminio, que el fondo suizo le compraba a la multinacional estadounidense las dos fábricas españolas. Pero esa ilusión por el «futuro positivo y duradero» de las plantas acabó bien pronto, pues en septiembre ya estaba negociando la reventa con su otrora competidor por quedarse con los activos, el grupo industrial Riesgo.
Parter se comprometió a mantener a toda la plantilla de trabajadores (unos 600 operarios) durante un mínimo de dos años y propuso «proyectos de reindustrialización para ambos centros y un posible rearranque de las electrolisis», rezaba la nota oficial emitida entonces por Alcoa. En la misma, la multinacional explicaba que, a cambio de esa fidelidad, desembolsaría en efectivo «aproximadamente 115 millones de dólares -106 millones de euros- en los próximos dos años, de los que en torno a la mitad se abonará en el 2019. Los pagos en efectivo incluyen 95 millones de dólares -87,8 millones de euros- de apoyo financiero a Parter Capital Group para gastos operativos y de capital asociados con el reinicio de las electrólisis o la reindustrialización las plantas». Aunque ahora, Alcoa subraya que «el detalle de los pagos, periodicidad, etcétera, forma parte del contenido del contrato firmado por las partes, que es confidencial».
Es decir, que el fondo suizo cobró el año pasado -o, al menos, estaba previsto que fuera así- 53 millones de euros a cambio de mantener las fábricas operativas, mientras negociaba en secreto con Riesgo. Alcoa asegura que no sabía nada de la operación y fuentes del nuevo propietario de las plantas reconocen que no participó en las negociaciones del principio.
Desde los comités de empresa se incide en que Parter no ha invertido ni un euro en las instalaciones.
Para este 2020 le quedaban pendientes de cobro otros 53 millones más, pero parece que no los va a recibir. Alcoa informó hace unos días, tras confirmar que considera que Parter ha incumplido el acuerdo de venta, de que «como muestra de buena fe, y como reconocimiento de los compromisos asumidos en el momento de la venta, Alcoa ha depositado los pagos que se tendrían que hacer a Parter en un depósito notarial. El dinero será aportado desde dicho depósito notarial a Alu Ibérica AC y Alu Iberica AVL cuando los compromisos que adquirió Parter en el acuerdo de venta firmado en julio del 2019 sean confirmados. Alcoa ha cumplido con todos los aspectos del acuerdo y espera que Parter haga lo mismo».
El fondo suizo compró unas plantas que en el ejercicio fiscal del 2018 (finaliza el 31 de octubre) sumaron pérdidas netas de 155 millones de euros, según los datos disponibles en el portal Informa (que los recaba en el registro mercantil). Pero entonces fabricaban aluminio primario, ahora ya no, y el negocio no atravesaba por su mejor momento debido al fuerte incremento de los precios de la alúmina (con la que se elabora el aluminio primario) y al importante diferencial de precios de la electricidad en relación a otros países europeos. El apagado de las electrolisis, en febrero del 2019, ha detenido esos gastos.
Los resultados del 2019 todavía no están disponibles.
La industria alerta: paga veinte euros más por megavatio hora que Francia y Alemania
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) ha solicitado al Gobierno mejorar la competitividad del coste eléctrico siguiendo las mismas prácticas que sus competidores europeos. Y es que, este año «de nuevo pagarán casi 20 euros por megavatio hora más que alemanes y franceses», en un entorno de una crisis «nunca conocida» por la pandemia.
La patronal afirma que el Gobierno «es consciente de esa necesidad» de las empresas y valora la labor realizada por el Ministerio de Industria en la Comisión Europea, alcanzando la aprobación para que las ayudas compensatorias del CO2 indirecto se doten en su cuantía máxima. Asimismo, estima que la publicación en el Boletín Oficial del Estado de estas compensaciones con una dotación de seis millones de euros que permite la prórroga de los PGE «abre la puerta a que se materialice cuanto antes el compromiso del Ejecutivo de alcanzar ese máximo permitido de 275 millones de euros».
No obstante, señala que esa mejora de la competitividad del coste eléctrico debe venir, en línea con otros países europeos, vía compensaciones del CO2 indirecto, retribución del servicio de interrumpibilidad y compensaciones de los costes regulados (peaje de transporte y cargos de financiación de las renovables). Todas ellas están contenidas en el estatuto del consumidor electrointensivo, pendiente de desarrollo y aprobación.
Alu Ibérica es socia de AEGE, aunque no concurrió a la subasta de interrumpibilidad de diciembre pasado. Con las cubas de electrolisis apagadas, sus necesidades de consumo eléctrico se han derrumbado.