El Consejo de Ministros validará este viernes el documento pactado con los agentes sociales
30 jun 2020 . Actualizado a las 20:27 h.«Los trabajadores y empresarios pueden estar hoy un poco más tranquilos». Así resumía la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, la trascendencia del acuerdo alcanzado este jueves por el Gobierno, patronal y sindicatos para extender los expedientes de regulación temporal de empleo hasta el próximo 30 de septiembre. Una fumata blanca que llega al límite del plazo y que evita al Ejecutivo tener que legislar sin acuerdo social, algo que quería evitar a toda costa y que fue posible gracias a la cesión a última hora de los representantes del empresariado tras semanas de intensas negociaciones.
La fumata blanca de la CEOE y Cepyme (el visto bueno de los sindicatos se daba por descontado) llegó un día después de que el Gobierno presentara una última propuesta que recogía la gran reclamación de las patronales: mantener los ERTE de fuerza mayor total. Un extremo al que Trabajo se negaba inicialmente, al entender que no existe ya ningún sector que tenga restricciones para abrir y reincorporar al menos a parte de su plantilla, pero que los empresarios justificaron en que hay todavía actividades en las que las limitaciones impuestas hacen económicamente inviable retomar la actividad.
En concreto, el acuerdo alcanzado este jueves establece que las empresas que opten por continuar cerradas podrán seguir disfrutando de rebajas en las cotizaciones sociales, aunque no tan generosas como las actuales. En concreto, las exoneraciones en las compañías con menos de medio centenar de empleados serán del 70 % en julio, del 60 % en agosto y del 35 % en septiembre (frente al 100 % de los últimos meses) mientras que en las de más tamaño se reducirán al 50, 40 y 25 % (ahora están en el 75 %).
Además, otra de las novedades del acuerdo frente a las propuestas iniciales es que se prevé la posibilidad de que las empresas de áreas afectadas por un rebrote del virus que obligue a adoptar restricciones puedan solicitar un ERTE por fuerza mayor para toda su plantilla, con rebajas en las cuotas de hasta el 80 % en el caso de las pymes y del 60 % para las de más de cincuenta trabajadores.
Para el resto de empresas, las que ya habían empezado a incorporar trabajadores y las que han optado por hacer un ERTE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas o de producción) se les aplicará el mismo esquema de descuentos: 60 % en las cuotas de los trabajadores que se reincorporen a la actividad y del 35 % por los que sigan con el empleo regulados (40 y 25 % en las empresas de mayor tamaño). Esta fórmula, la de primar el rescate de los trabajadores del paro, es el que se quiere tomar como referencia a partir del otoño, cuando el Gobierno aspira a establecer un modelo de regulaciones de empleo que ya no sea coyuntural sino que se pueda usar cada vez que una empresa atraviese turbulencias.
Prohibido despedir y contratar
A cambio de las ayudas públicas, las empresas acogidas a ERTE seguirán obligadas a no despedir a ninguno de los trabajadores afectados durante seis meses, pero también tendrán prohibido pedir horas extras mientras tengan empleados en el paro y no podrán contratar salvo que el perfil que quieran incorporar no exista en su plantilla.
Los trabajadores afectados por una regulación seguirán sin consumir su paro
En lo que respecta a las prestaciones de los trabajadores, el acuerdo entre el Gobierno y los agentes sociales disipa uno de los aspectos que más preocupación había generado en la actual redacción de la normativa, al extender hasta el 30 de septiembre el denominado contador a cero. De esta forma, los asalariados que continúen afectados por un ERTE durante el verano seguirán sin consumir su prestación por desempleo, que podrán disfrutar íntegra en el futuro si acaban perdiendo el trabajo.
También se extiende la cobertura a aquellos ocupados por cuenta ajena que no cumplían los requisitos de cotización exigidos para acceder a la prestación contributiva por desempleo en condiciones normales.
Lo que no se aclaró todavía es qué pasará con el importe de las prestaciones de los afectados por ERTE cuando lleven más de seis meses con el empleo regulado, momento a partir del cual en condiciones normales se reduce la nómina del paro.
Una prórroga que eleva a 11.000 millones la factura de los ERTE para la Seguridad Social
Entre 10.000 y 11.000 millones de euros. Es el coste que soportará la Seguridad Social por los ERTE desde el pasado mes de marzo y hasta el 30 de septiembre, según los cálculos del ministro del ramo, José Luis Escrivá, que destacó este jueves que la cifra va en línea con las previsiones que maneja desde hace meses su departamento. Y es que el incremento del gasto por la prórroga de los ajustes de empleo durante los próximos tres meses se compensa con el ahorro obtenido en las últimas semanas gracias al fuerte ritmo de reincorporación de trabajadores a la actividad (unos 500.000 en mayo, con el inicio de la desescalada, y casi un millón en junio).
Al coste por las rebajas en las cotizaciones a la Seguridad Social hay que sumar la factura de las prestaciones por desempleo que, según detalló este jueves la ministra Yolanda Díaz, ascendió el último mes a 3.000 millones solo para los afectados por un ERTE, aunque se va reduciendo conforme los trabajadores vuelven a la ocupación.
