La Justicia europea falla a favor de la multinacional y de Dublín y tumba la decisión de Bruselas que obligaba a la empresa a pagar 13.000 millones en impuestos
15 jul 2020 . Actualizado a las 20:01 h.Varapalo para la Comisión Europea. Y, especialmente, para su vicepresidenta de Competencia, la danesa Margrethe Vestager. Doble. En su cruzada para que los gigantes digitales paguen los impuestos que tienen que pagar. Y también en su empeño de poner coto al dumpin fiscal que practican algunos países del club, que tantos beneficios reporta a sus arcas como perjuicios a las de otros.
Y espaldarazo. Doble también. Para Apple y para Irlanda. La Justicia europea acaba de dictar sentencia a favor de la multinacional estadounidense eximiéndola de devolverle al Estado irlandés 13.000 millones de euros en impuestos, una devolución que Bruselas reclamó en el 2016 por entender que Apple se había beneficiado de unas exenciones que suponían una ventaja incompatible con la salvaguarda del mercado interior. Irlanda se negó a acatar la orden del Ejecutivo comunitario. De hecho, su Gobierno y la multinacional llamaron juntos a la puerta del Tribunal General de la Unión Europea solicitando amparo. Y, de momento, lo han conseguido. Porque, eso sí, no es esta una resolución definitiva. Se puede ahora presentar recurso de casación ante el TJUE.
El caso es que el gigante que pilota Tim Cook decidió en su día establecer su sede fiscal europea en Irlanda. Atraída, como muchos otros, por el olor de uno de los impuestos de sociedades más jugosos del continente. Solo un 12,5 %. Así, cualquiera. Y no solo eso. Las autoridades irlandesas pusieron a los pies de la multinacional de Cupertino otra alfombra roja. Sendos acuerdos que, según las investigaciones de la Comisión Europea, acabaron permitiendo a Apple tributar a un tipo efectivo de solo el 0,005 %.
Pura ingeniería fiscal a ojos de Bruselas, que decidió tomar cartas en el asunto. Tanto, que se metió en él hasta el fondo, depositando en el caso una notable carga simbólica. Y ejemplarizante, todo hay que decirlo. Por la cifra, tan gigantesca como la compañía; por ser Apple quien es; y por el país sobre el que descargaba sus iras. Ahora todo eso se le ha vuelto en contra. «Estudiaremos con cuidado la sentencia y reflexionaremos sobre posibles próximos pasos», aseguraba ayer la vicepresidenta y comisaria de Competencia.
Y es que el llamado expediente Apple era un ataque directo a las ayudas de Estado encubiertas; a los paraísos fiscales que operan dentro de la UE (no solo Irlanda, también los Países Bajos, Luxemburgo, Malta o Chipre). Y un golpe sobre la mesa con onda expansiva para levantar la fiscalidad moderna, que pivota sobre la tasa a los gigantes tecnológicos (la propia Apple, pero también Google y Facebook); una tasa que enfrenta a unos socios del club con otros y a Europa con la Administración de Donald Trump.
Argumentos endebles
Con su resolución, el Tribunal General de la UE pilla a la Comisión con el pie cambiado. Porque, en síntesis, interpreta que ninguno de sus argumentos contra la compañía se tiene en pie. Habla de «conclusiones incorrectas», de datos no acreditados «suficientemente». En suma, de un argumentario poco consistente y endeble. Reproches que llegaron justo el día en el que la Comisión presentaba una guía de buenas prácticas fiscales para los Estados.
Se esperaba otro fallo. De hecho, hasta Apple y la propia Irlanda lo temían. La compañía depositó en el 2018 en una cuenta los 13.000 millones y 1.200 más en intereses. «Nos complace que hayan anulado el caso de la Comisión», reaccionaban desde la firma californiana en un comunicado en el que hacía gala de su gran contribución mundial en impuestos y animaba a encontrar «una solución global».
Y Paschal Donohoe, ministro de Finanzas y flamante presidente del Eurogrupo, lo celebraba defendiendo que su país «no hace ofertas ventajosas a las empresas, sean del tamaño que sean. Seguimos comprometidos con la reforma fiscal internacional», zanjó. Hay quien arquea las cejas ante tal afirmación.