Escrivá se abre ahora a acelerar el traspaso a las comunidades de la gestión del ingreso mínimo
ECONOMÍA
Tras las críticas, pide esperar para valorar el alcance de la ayuda
28 ago 2020 . Actualizado a las 21:31 h.En medio de una lluvia de críticas por la lentitud y el caos en la tramitación de las solicitudes del ingreso mínimo vital (IMV), el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se abrió ayer a acelerar el traspaso de la gestión de la prestación a las comunidades. Y es que aunque inicialmente no contemplaba firmar convenios con las administraciones autonómicas hasta el próximo año, este jueves avanzó como probable que el acuerdo con la Comunidad Valenciana pueda estar listo antes de que concluya este ejercicio.
Durante una rueda de prensa junto al presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, Escrivá señaló que la comunidad es «candidata a ser de las primeras» autonomías que cuenten con convenio para gestionar la prestación, dado el «interés extremo» mostrado por la comunidad, que no es homogéneo en todos los territorios. «Hay comunidades muy interesadas en trabajar conjuntamente con nosotros y otras en las que no estamos percibiendo ese interés. Probablemente funcionará a ritmos distintos, pero la prioridad es la eficacia», indicó.
El ministro aprovechó para defender la gestión que la Seguridad Social está haciendo de las solicitudes de la prestación (se han recibido cerca de 750.000), asegurando que el ritmo de concesiones no se habría mejorado -todo lo contrario- de haberse iniciado con diecisiete convenios autonómicos. «La capacidad de gestión telemática de la Seguridad Social no tiene sustitución», aseveró, recordando que en el arranque de las rentas de inclusión autonómicas, tardaron «muchos meses y años en comenzar a reconocer las prestaciones», mientras que las más de 700.000 solicitudes de IMV que se tramitan «son más que todos los expedientes que se cursan de pensiones en un año».
Frente a las críticas de UGT y de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que denunciaron el retraso en los abonos y la caótica gestión de la nueva ayuda, Escrivá admitió la falta de personal de la Seguridad Social, subrayando que «ya estamos sacando plazas para reforzar las plantillas», algo clave en una situación como la actual.
Recordó, sin embargo, que desde el 15 de junio se han recibido 750.000 solicitudes y se han reconocido 80.000 prestaciones (75.000 de oficio a los perceptores de la prestación por hijo a cargo), mientras que otras 36.800 peticiones han sido rechazadas y 25.800 están pendientes de documentación. «El ritmo de gestión es creciente, porque hay un aprendizaje. Ahora se resuelve el doble que hace unas semanas», dijo, pidiendo esperar a finales de septiembre para evaluar la cobertura de la primera fase.
El futuro de los ERTE se negociará en 15 días
Gobierno y agentes sociales retomarán el 4 de septiembre, en Palma, las reuniones para negociar el futuro de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor más allá del 30 de septiembre. Al encuentro con patronal y sindicatos acudirán los ministros de Trabajo y Seguridad Social, Yolanda Díaz y José Luis Escrivá.
Este último avanzó ayer que la salida de trabajadores de los ERTE se estaba produciendo a un ritmo mayor al esperado inicialmente -entre 10.000 y 15.000 personas diarias en agosto-, lo que supone 200.000 trabajadores incorporados en este mes.
Escrivá subrayó que en este momento menos de 700.000 personas continúan en ERTE por fuerza mayor, frente a los 3,4 millones que hubo a principios de mayo, en el peor momento de la pandemia, lo que supone que el 75 % ya han vuelto a la actividad.
Preguntado sobre cuántas entradas en ERTE se habían producido este mes, por las restricciones derivadas de los rebrotes, aseguró que la cifra era «despreciable». «No ha entrado ninguno, pero habrá que ver qué pasa a partir de ahora», sostuvo. Respecto a la prolongación de los ERTE más allá de septiembre, volvió a defender hacerlo en los sectores más afectados.