Patronal y UGT se niegan a limitar la prórroga a determinados sectores
18 sep 2020 . Actualizado a las 00:14 h.El Gobierno no va a lograr su objetivo de cerrar un acuerdo sobre los ERTE esta semana. La negociación se ha encallado y la aprobación de la nueva prórroga se retrasa y no se hará, tal y como se preveía, en el Consejo de Ministros del próximo martes. Tampoco se ha cumplido el propósito de mantener una reunión diaria hasta lograr el consenso. Este jueves ya hubo y no hay previstos nuevos encuentros esta semana. Así pues, todo apunta a que el acuerdo, si lo hay, se alcanzará, como es habitual, in extremis. Forma parte del juego.
Ni siquiera las últimas concesiones del Ejecutivo han calmado los ánimos de CEOE y UGT, que son los más reacios a dar su brazo a torcer, mientras que Comisiones Obreras mantiene una postura más discreta y abierta. Los derechos de los trabajadores se mantendrán intactos en la nueva prórroga, que durará hasta el 31 de enero, un mes más que en la primera propuesta. El Gobierno rectifica una de las líneas rojas para los sindicatos y, además de mantener la cuantía de la prestación en el 70 % de la base reguladora, no elimina lo que se conoce como contador a cero, según fuentes cercanas a la negociación. Pretendía Díaz con su anterior propuesta que a partir de octubre se les restara a los trabajadores el período de tiempo que estuvieran en ERTE de cara a cobrar futuras prestaciones de desempleo. En la nueva oferta del Ejecutivo, que aún está en fase de redacción, ya sí se recoge que los ERTE no consumirán tiempo de paro hasta el 31 de enero, un derecho que se introdujo solo de forma excepcional en estas prestaciones y que Trabajo quería limitar a estos seis meses. El período de gracia ahora puede llegar hasta los 10 meses y medio en el caso de que uno de estos 3,4 millones de afectados sean despedidos en un futuro.
Otra de las novedades que ya sí se plasman en el nuevo texto -tal y como celebra UGT- es la de recuperar la cláusula de salvaguarda del empleo, lo que supone que las empresas tendrán que mantener la plantilla hasta seis meses después de que reactiven al primer trabajador. No obstante, habrá compañías que ya a finales de octubre o noviembre puedan comenzar a realizar despidos sin ser penalizadas.
Ahora los escollos están en dos temas clave tanto para la CEOE como para UGT: limitar los ERTE por sectores y mantener el actual esquema de exoneración que bonifica también las cotizaciones de los trabajadores recuperados, dos puntos que no están dispuestas a aceptar estas dos organizaciones, que defienden que ninguna empresa reincorpora empleados por beneficiarse de este incentivo, sino por tener actividad suficiente para hacerlo. Por ello, los agentes sociales piden que las ayudas económicas se concentren en los trabajadores en ERTE, algo que rechaza el Ministerio de Seguridad Social.
De igual manera, CEOE y UGT se niegan a respaldar una prórroga limitada a unos determinados sectores. Lo que hay ahora encima de la mesa es un listado de actividades, vinculadas principalmente al turismo y al sector de la cultura y el ocio, que sí podrán prorrogar estos ERTE de fuerza mayor. Pero, además, podrán beneficiarse de estas mismas condiciones las empresas cuya facturación esté vinculada en más del 50 % a uno de esos sectores. A su vez, se podrían incluir aquellas compañías que dependan directa o indirectamente de la actividad real de uno de ellos, como podría ser el caso de un supermercado en Tenerife, cuya viabilidad depende de los turistas.
«Injerencias» de los ministerios
Por último, el Ejecutivo mantiene el actual modelo de ERTE por rebrote, al que pueden acogerse empresas condicionadas por nuevas restricciones y con una exoneración de las cuotas del 60 % para las más grandes y del 80 % para las pequeñas.
UGT culpa de que no haya acuerdo a la «intromisión» de los ministerios de Economía y de Turismo, que quieren focalizar las ayudas a sectores concretos, y a la «cerrazón» del Ministerio de Seguridad Social, que insiste en incentivar con exoneraciones la reincorporación de los trabajadores. Estas críticas se unen a las de los representantes de la CEOE, que acusan al departamento de Escrivá de inflar los gastos de los ERTE.
