Feijoo señala al Banco de España como responsable de avalar la fusión
06 oct 2020 . Actualizado a las 21:16 h.¿Cuál fue el detonante del derrumbe de Novacaixagalicia (NCG)? La fugaz existencia de la entidad que nació de la fusión de las dos grandes cajas gallegas (Caixa Galicia y Caixanova) —hasta entonces dirigidas por José Luis Méndez y Julio Fernández Gayoso respectivamente— sigue siendo objeto de controversia casi diez años después. Esta mañana volvió a levantar ampollas a costa de un auto de la Audiencia Nacional, fechado a 1 de octubre, en el que los magistrados de la Sala de lo Penal sostienen que fue la «situación económica y financiera» heredada de Caixa Galicia, radicada en A Coruña, la que precipitó el rescate de NCG: «La única razón por la que el FROB intervino fue por la situación económica y financiera en la que se encontraba, en el 2010, Caixa Galicia, antes de que se produjera la fusión», versa el documento.
¿Qué hay de Caixanova? La caja con sede en Vigo se resistió a sellar la alianza y, según el auto judicial, tenía razones de peso para hacerlo: «Caixanova nunca habría sido intervenida si no se hubiera visto obligada a fusionarse con Caixa Galicia», zanjan los magistrados, avalando así el análisis del que fue director general de NCG, José Luis Pego, quien en noviembre del 2009, un año antes de la fusión, calificaba la operación como «la peor alternativa» para Caixanova. La directiva de la caja era partidaria de forjar alianzas con otras entidades españolas como Caja de Murcia y Cajastur.
Los jueces se apoyan en documentos aportados por el propio Banco de España para justificar su duro alegato sobre el aciago final de NCG. Según esos informes a los que pudo acceder El País, en julio del 2009 el organismo supervisor habría admitido que Caixanova podía sobrevivir a la crisis, aunque con ciertas dificultades. La caja arrastraba muchos créditos inmobiliarios dudosos y tenía un escaso margen de capital, pero el equipo gestor estaba controlando los riesgos y los gastos para evitar la intervención. El documento gemelo sobre Caixa Galicia describía un escenario bien distinto. Tras analizar su solvencia, el supervisor detectó un perfil de riesgo muy alto.
El rescate
La operación de fusión, impulsada por la Xunta de Galicia y bendecida por el Banco de España, culminó el 14 de septiembre del 2011. Un año después, el Estado, a través del FROB, ya le estaba bombeando dinero a NCG. El fondo de rescate tuvo que inyectar 9.052 millones de euros antes de vendérsela a Banesco, propiedad del banquero venezolano Juan Carlos Escotet, quien la reconvirtió en Abanca. Solo se recuperaron 1.000 millones de euros del rescate.
Este auto de la Audiencia está relacionado con la investigación de Marina Atlántica, el pelotazo urbanístico pergeñado por la cúpula de Caixanova que tenía como objetivo la construcción de un puerto deportivo y una urbanización de lujo en Cangas do Morrazo (Pontevedra). Los detalles de dicha operación fueron remitidos por el FROB a la Fiscalía Anticorrupción. La Audiencia Nacional aclara en el auto que esta inversión no puso en riesgo la viabilidad de Caixanova y que fue su fusión la que desencadenó los problemas. El caso está ahora en manos de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El año pasado se decretó la absolución de la antigua directiva de la caja (el expresidente, Julio Fernández Gayoso, y el exdirector general, José Luis Pego) por una operación similar en Rivas-Vaciamadrid, que provocó un agujero de casi 42 millones.
El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijoo, se mostró contrariado por la contundencia de los magistrados: «Sorpréndenos moito que unha sentenza no ámbito penal fale das solvencias das caixas», deslizó hoy antes de asegurar que examinarán «con intensidade» una fallo que, en su opinión, «enmenda a plana ao Banco de España, que dixo que había que fusionala por criterios de solvencia». El dirigente popular apuntó con el dedo al organismo regulador: «Se o Banco de España no actuou de forma correcta, non o sei», señaló. Para el presidente del Ejecutivo gallego «é o único con capacidade» para autorizar dicha fusión, más allá de la opinión favorable del propio Feijoo, quien aseguró en la comisión parlamentaria encargada de investigar la desaparición de las cajas gallegas que al poco de aterrizar en la Xunta, el Banco de España le había alertado de la imposibilidad de que ambas cajas sobrevivieran por separado. Desde el organismo regulador declinan valorar sus palabras alegando que «el auto no determina nada respecto al Banco de España» y «no está relacionado con la fusión».
La oposición exige reactivar la comisión de investigación en el Parlamento gallego
El auto ha desatado la polémica entre los partidos de la oposición en el Parlamento gallego. Exigen la reactivación de la comisión de investigación que se puso en marcha para depurar responsabilidades por la desaparición de las antiguas cajas de ahorros. Los socialistas han pedido explicaciones a Feijoo y la diputada del BNG, Noa Presas, reclamó la apertura de este órgano parlamentario. «Vemos que canto máis tempo pasa e máis noticias saen, faise máis evidente que aquí investiga todo o mundo o que aconteceu [...] agás o Parlamento galego», señaló antes de confirmar que intentarán «por terceira vez» reabrir la comisión a pesar del «veto constante» del Partido Popular, según recoge Europa Press.
El diputado socialista Pablo Arangüena reclamó la comparecencia en la Cámara del presidente de la Xunta, al considerar que el auto dictado por la Audiencia Nacional «desmiente por completo» sus explicaciones. «El rescate de las cajas gallegas costó 9.000 millones de euros de recursos públicos. Fueron vendidas por 1.000 millones y por el camino quedaron 8.000 millones, el 75 % del presupuesto de la Xunta en un año», denunció, tras quejarse de que el Gobierno gallego «en ningún momento facilitó el informe de KPMG que el presidente de la Xunta decía que avalaba esa operación».
La Xunta se asió a ese documento —hasta ahora confidencial— en el 2010 para defender la solvencia de la fusión, que solo iba a costar 485 millones de euros, una cantidad que se preveía amortizar en el 2013. Con esa valoración, el Ejecutivo gallego trató de legitimar la operación para que la entidad resultante siguiese bajo influencia regional. Sin embargo, la consultora desmintió que ese ejercicio se tratase de una auditoría en regla.
