La Xunta quiere extender las ayudas a cualquier empresa golpeada por la crisis
ECONOMÍA
Defiende que el criterio debe ser la caída de ingresos y no el tipo de actividad
21 abr 2021 . Actualizado a las 00:15 h.Apenas un mes después de aprobar el decreto para repartir 7.000 millones de euros en ayudas directas a las empresas de los sectores más golpeados por la crisis sanitaria, el Consejo de Ministros dio ayer luz verde a su flexibilización para que las comunidades autónomas -que serán las encargadas del reparto de los fondos- puedan ampliar a más sectores y empresas las subvenciones, que incluso podrán recibir quienes estuvieran en pérdidas en el 2019, una circunstancia que hasta ahora era excluyente.
La decisión del Ejecutivo llega después de que le llovieran las críticas por circunscribir el reparto de las ayudas a 95 sectores, dejando fuera otros también afectados por la crisis, como es el caso de peluquerías, autoescuelas o academias. Así lo anunció la portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicando que ahora las comunidades podrán incluir otras actividades que hayan resultado especialmente golpeadas por la pandemia en sus respectivos territorios, aunque los criterios de concesión se mantendrán invariables respecto al decreto de marzo.
Montero puso como ejemplo los casos del sector del calzado o del vino en algunas regiones, que aunque tomando sus datos en el conjunto del país pudieran no cumplir las condiciones marcadas para acceder a las ayudas (como el porcentaje de trabajadores en ERTE o el de reincorporados a la actividad), sí las cumplirían en determinados territorios.
Ayudas por la caída de ingresos
En el caso de Galicia, que recibirá 234 millones de los 5.000 que integran la remesa aprobada por el Ejecutivo en marzo (más otros 2.000 millones para Canarias y Baleares), el criterio que defiende la Xunta es que todos los sectores afectados, independientemente de cual sea su clasificación de actividad económica (CNAE), puedan acceder a las ayudas. «Regularíase o importe dás cantidades a percibir unicamente en función da caída de facturación, tal e como se veu facendo con éxito nos dous plans de rescate autonómico realizados ata o de agora», indican desde el Ejecutivo gallego.
Solo dos convenios firmados
El Ministerio de Hacienda remitió el pasado viernes a las comunidades los convenios para proceder a la transferencia de los fondos, aunque —según confirmó ayer la ministra Montero— por el momento solo Extremadura y Castilla-La Mancha los han devuelto firmados. Preguntada por la posibilidad de que, ante las críticas de algunas comunidades (Galicia entre ellas) por los criterios de reparto, alguna rechace firmar el convenio, Montero lo descartó. Sin embargo, aseguró que, de ocurrir, el Gobierno adoptaría medidas para «no dejar a ninguna empresa en la cuneta». «Me parecería algo escandaloso que alguna comunidad autónoma, por simple desavenencia con el texto legal, hurtara la capacidad de que empresas de su entorno pudieran quedarse sin recibir esas ayudas», señaló.
La Xunta, por su parte, dijo ayer que esperaría a conocer en el BOE el alcance real de la flexibilización de los criterios de concesión para pronunciarse, así como para informar al diálogo social y a la mesa de autónomos. Sin embargo, confirmó que esperaba firmar el convenio «o antes posible, a poder ser esta semana, una vez aclarados os extremos anteriores», ya que el único documento oficial del que disponen hasta el momento -el convenio recibido el viernes-, «non fai ningunha referencia a que a comunidade autónoma teña flexibilidade para incorporar sectores económicos con acceso ás axudas».
Aplazamientos de deuda
Por otro lado, el Consejo de Ministros también aprobó facilitar el aplazamiento y el fraccionamiento de deudas no tributarias o aduaneras con la Administración General del Estado. Las empresas podrán solicitarlo este ejercicio y el próximo ante las delegaciones de Economía y Hacienda y se beneficiarán de hasta dos años de aplazamiento y otros tantos de fraccionamiento.
Fedea cuestiona la gestión autonómica de las ayudas y alerta de retrasos
La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) se mostró ayer crítica con la fórmula de gestión escogida por el Gobierno para distribuir las ayudas a pymes y autónomos. En su último boletín de seguimiento de la crisis, cuestionó que sean las comunidades las encargadas de canalizarlas, pues, a diferencia de la Agencia Tributaria, no parece que cuenten con ventaja comparativa en la gestión del programa.
Esto retrasará «inevitablemente» la llegada de las ayudas, a pesar de que «que ya se han hecho esperar más de lo razonable», dice. Tampoco comparte la necesidad de repartir entre los territorios los fondos, cuando el texto ya establece criterios para fijar las ayudas en función de la caída del volumen de negocio de cada empresa.
Montero niega ahora que tenga previsto subir impuestos el próximo ejercicio
El Gobierno sigue deshojando la margarita de la impopular subida de impuestos y, ya en plena campaña madrileña, su principal defensora, la ministra de Hacienda, se desdijo ayer de lo que avanzó el lunes de la semana pasada, con motivo de la presentación del comité de expertos que deberá proponer un rediseño del sistema tributario del país. Si entonces se mostró a favor de incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del próximo año algunas subidas de impuestos —concretamente sociedades, patrimonio y sucesiones—, a medida que los expertos fueran cerrando sus recomendaciones, ayer negó la mayor, como días atrás hicieron el presidente del Gobierno o la vicepresidenta Calviño.
«Es algo que no está discutido ni decidido. Dejemos trabajar a los expertos, que tendrán hasta febrero del 2022 para trasladar sus conclusiones», subrayó Montero tras el Consejo de Ministros.
Insistió en que «nunca» había trasladado que la decisión estuviera tomada. También aseguró que «en ningún momento» habló de lo que tendría que hacer en materia fiscal el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid. «Yo me estaba refiriendo a la modernización del sistema tributario de España y luego cada presidente autonómico o candidato expresará su voluntad de hacer o no hacer, ejercer o no ejercer sus competencias fiscales en la dirección que estimen oportuna», sostuvo, argumentando que tal modernización se acometerá «en el momento adecuado» para la economía y cuando beneficie a la justicia fiscal, a la progresividad tributaria y al sostenimiento de los servicios públicos.