El Gobierno envía a Bruselas el plan de reformas sin desvelar sus detalles
01 may 2021 . Actualizado a las 12:34 h.Al filo del pitido final, el Gobierno español remitió este viernes su plan nacional de inversiones y reformas a Bruselas, junto al Programa de Estabilidad y Programa Nacional de Reformas (2021-2024). Iba a ser el primero en hacerlo, pero se le adelantaron Portugal, Alemania, Grecia, Francia y Eslovaquia. Los problemas para pactar el «calendario ambicioso» que le exigió la Comisión Europea para acometer más pronto que tarde las grandes reformas del mercado laboral, las pensiones y la fiscalidad, obligó al Ejecutivo a retrasar más de lo esperado la entrega y a publicar solo parcialmente el plan. Los detalles siguen ocultos, solo disponible para el equipo de funcionarios del Ejecutivo comunitario.
Los primeros 72.000 millones de euros que espera recibir a fondo perdido de la UE en los próximos tres años exigirán pagar unos peajes que el Gobierno no quiere asumir en solitario, por eso ha optado por dejar abiertos los cambios, a la espera de negociar con patronales y sindicatos la letra en los próximos meses.
cuentas públicas
Déficit disparado. Según los datos facilitados por el Ministerio de Hacienda, España tendrá que cerrar un agujero de unos 70.000 millones de euros hasta el 2024. Aunque parte de esa brecha se compensará con la remontada de la economía prevista para el 2021 (6,5 % PIB), 2022 (7 %), 2023 (3,5 %) y el 2024 (2,1 %) y el aumento de los ingresos, el ajuste del déficit será trepidante: unos 55.000 millones de euros en los dos primeros años.
Este año el desfase en las cuentas será mayor del previsto debido al mal arranque del año (España se anotó una contracción en el primer trimestre del 0,5 %). El déficit descenderá del 11 % del PIB en el 2020 al 8,4 % este año, siete décimas más lejos de lo que había augurado el Gobierno. España no volverá a estar por debajo del 3 % que marcan los Tratados hasta el 2025, como pronto. La Comisión Europea no cree en esta senda. Entre sus cálculos y los del Gobierno para el 2022 hay una diferencia de unos 30.000 millones de euros de déficit.
Por el momento, la disciplina fiscal sigue en el congelador y así seguirá hasta el 2023. Nadie quiere apretar la soga hasta que los signos de recuperación sean fuertes. El problema es que no todas las economías se recuperarán al mismo tiempo. La cicatriz en España será mucho más profunda que en los Países Bajos, donde las autoridades están descontentas con la laxitud de Bruselas en torno a la ambición de las reformas. El plan español deberá pasar la criba del Consejo, y los países más ortodoxos darán rienda suelta a sus reservas. Ya lo han hecho, en cierto modo, ralentizando el proceso de ratificación del acuerdo. Sin el aval de los Veintisiete, la Comisión no puede salir a financiar el fondo de recuperación Next Generation EU.
mercado laboral
Tres tipos de contratos. Por el momento, el Gobierno español solo se ha comprometido con Bruselas a simplificar los contratos. Habrá tres tipos: estable, temporal y de prácticas. También desincentivará la contratación temporal, la más alta de la UE, sin especificar de qué manera, y casar a través de la inteligencia artificial ofertas laborales con perfiles de desempleados. También modernizará la negociación colectiva -que no es una prioridad para Bruselas-, se regularán las subcontratas y se dará más protagonismo a los ERTE dentro de los mecanismos de flexibilidad de las empresas, que antes de la pandemia apenas lo utilizaban.
pensiones
Paga compensatoria. Se endurecerá el acceso a la prejubilación y se incentivará la extensión de la vida laboral más allá de los 67 años en el 2027. El Ejecutivo español está determinado a igualar la edad legal y efectiva de jubilación, pero hace caso omiso a las advertencias de la Comisión sobre los problemas de sostenibilidad del sistema: han optado por aumentar el gasto público en pensiones en el 2021 hasta un 4,1 % y anunciar que se vinculará la revalorización de las pensiones a la evolución de los precios. La factura no hará más que aumentar por la incorporación de nuevos jubilados con pensiones superiores a las existentes. A la revalorización del 0,9 % aprobada este año se sumará en el 2022 «una paga compensatoria por una inflación en el 2021 posiblemente más alta» de la prevista.
empleados públicos
Salarios blindados. A pesar del enorme agujero en las cuentas y la deuda, disparada hasta el 119,5 % del PIB, el Gobierno cree que tiene margen para blindar los salarios de los funcionarios: «A partir del 2022, el incremento retributivo de los empleados públicos y de las pensiones irán en línea con la evolución de los precios». En otras palabras: aunque España afronte la peor crisis desde la posguerra, no perderán poder adquisitivo.
ERTE
Se acaban en el 2022. Según consta en los documentos, la intención del Ejecutivo es curar las heridas de la pandemia sobre los más vulnerables en el mercado laboral: los jóvenes y las mujeres. Por eso prevé un mecanismo transitorio de los ERTE «hasta finales del 2021». ¿Qué pasará después? A pesar de las promesas de que este sistema de protección del empleo había llegado «para quedarse», se esfumará: «Se ha previsto la finalización a partir del 2022 de todas las medidas del ámbito laboral adoptadas en el 2020 y el 2021», reza el texto, al tiempo que se reconoce que sectores como el turismo no recuperarán la actividad prepandémica hasta el 2023.
impuestos
Menor presión fiscal. En materia de impuestos, se garantiza una revisión de las bonificaciones y exenciones, abriendo la puerta a penalizar a las rentas más altas y el consumo de hidrocarburos (postergado en el 2021). Se introducirán nuevas tasas sobre servicios como el que prestan las autovías y quedarán prohibidas expresamente las amnistías fiscales. Se menciona la intención de hacer que los autónomos coticen según su facturación, sin poner fecha. Esta misma semana se sugirió un período de transición de 10 años. La reforma tributaria y la reforma de la financiación de las autonomías irán de la mano, pero será un grupo de expertos el que marque la pauta a partir del año que viene. A pesar de esos ajustes, y los que están por venir, en los cálculos del Gobierno está bajar la presión fiscal hasta el 2024 del 37,5 % del PIB en el 2020 al 35,6 %.
contrataciones
Menos sanitarios. Fueron los héroes durante la pandemia, se les aplaudió en los balcones, pero a partir del 2022 ya no se contará con todos ellos. Los planes enviados a Bruselas señalan que habrá una «paulatina bajada de las contrataciones de personal sanitario», además de personal auxiliar de limpieza, desinfección, investigadores, trabajadores de seguridad etc.
alquileres
Los precios no se intervienen. En el plan no queda ni rastro de la exigencia que hizo Podemos de poner techo a los precios en el alquiler. La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha optado por la vía propuesta por el Psoe: potenciar la oferta de vivienda pública e introducir incentivos para que los propietarios de viviendas introduzcan los inmuebles en el circuito, ayudando a relajar los precios en zonas tensionadas.
Casi el 40 % de los ingresos fiscales del 2021 correrán a cargo de los trabajadores
La brecha en las cuentas es ingente, la deuda está desbocada -a pesar de las favorables condiciones de financiación en los mercados que ha propiciado el Banco Central Europeo (BCE) con sus compras masivas de bonos-, y todavía está por cuantificar el impacto que tendrá la retirada progresiva de las ayudas públicas, que puede acabar en una cascada de quiebras y cierres, pero el Gobierno confía en que las cuentas saldrán y los ingresos se verán favorecidos por un mayor consumo privado en el segundo semestre del año, cuando la reactivación paulatina de la economía devolverá algo de oxígeno a las arcas públicas.
Como es habitual, serán las rentas las que contribuirán más al esfuerzo fiscal. Casi el 40 % de los ingresos del Estado procedentes de impuestos vendrá por la vía del IRPF (unos 104.709 millones de euros en el 2021). Es un 5,9 % más que en el año de la pandemia. La otra gran fuente de ingresos será el IVA. Los empleados no solo contribuyen con sus rentas del trabajo, también con su gasto. Por esta vía el Gobierno espera recaudar 88.963 millones de euros, un 7,8 % más que en el 2020. ¿Qué hay del impuesto de sociedades? Las empresas son las que menos esfuerzo fiscal bruto harán: 25.177 millones de euros. Sin embargo, esta cifra es un 9,15 % superior a la recaudada el año pasado, la mayor subida de entre todos los tipos de impuestos. ¿A qué se debe? A los cambios introducidos en el tributo y a «una recuperación progresiva de los beneficios empresariales», según el Ejecutivo.
Recaudación en el aire
Los ingresos globales que augura el Gobierno para el 2021 alcanzan los 489.643 millones de euros (un 5,7 % superior a los del 2020), más incluso que los que se anotó España en el 2019 (487.804 millones). Difícil de imaginar, teniendo en cuenta el inicio renqueante del año y que la recaudación por los recién estrenados impuestos a las transacciones financieras (tasa Tobin) y a ciertos servicios de las multinacionales tecnológicas (tasa digital o tasa Google), se quedarán lejos de lo esperado, según Bruselas. El Ejecutivo había calculado inicialmente recaudar con estos dos tributos unos 850 millones y 1.200 millones respectivamente, antes de rebajar su ambición hasta los 1.818 millones en su conjunto.