El Gobierno elude poner fechas e hitos a los planes de reformas e inversiones

Cristina Porteiro
c. porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

EUROPA PRESS / M.FERNÁNDEZ. POOL

La Airef y expertos cuestionan la falta de concreción en las áreas clave

02 may 2021 . Actualizado a las 10:01 h.

«No se conoce ni el detalle de los proyectos aprobados, ni los plazos de ejecución ni el contenido de las reformas estructurales». Es el demoledor diagnóstico que hizo esta semana la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tras pasar por el escáner el plan nacional de inversiones y reformas elaborado por el Gobierno español para desembolsar los primeros 72.000 millones de euros del Next Generation EU (reserva 140.000 millones para España). Y es que entre sus 348 páginas, las 138 del Programa de Estabilidad y las 113 del Programa Nacional de Reformas, no hay mención alguna ni a los «hitos» ni a las fechas que la Comisión Europea quería grabar en piedra para ir desembolsando el dinero de seis en seis meses. La reforma de las pensiones queda en manos del Pacto de Toledo, la contrarreforma laboral en manos de los agendes sociales y la reforma fiscal, se abordará cuando la crisis haya pasado.

La Airef admite tener «dificultades» para poder calcular con rigor el impacto del plan en la economía debido a la «escasa información» disponible en torno al calendario y las reformas. Hacer previsiones en estas condiciones podría conducir a errores. Por eso el organismo ha pedido al Ejecutivo que detalle y establezca un «calendario tentativo» para el cumplimiento de las reformas. O que revele, si existe, el plan ampliado que, eventualmente habría enviado a Bruselas con las plantillas que exige la Comisión Europea.

El equipo de funcionarios del Ejecutivo comunitario dispone de dos meses para evaluar la propuesta española y ponerle nota. Si se cumplen los plazos -y no está claro que sea posible-, y se recibe luz verde de las instituciones europeas, España debería recibir en el mes de julio el primer anticipo de 9.000 millones de euros, la antesala de los 16.000 millones restantes del segundo semestre del 2021, a los que se sumarían otros 2.000 millones del React EU, para gastos vinculados a la pandemia.

El camino parece despejado, pero nada más lejos de la realidad. Todavía hay una decena de países que no han ratificado los protocolos para permitir que la Comisión pueda salir a los mercados a financiar el fondo y hay 14 países que ni siquiera han entregado a tiempo sus planes nacionales. Los Países Bajos, por ejemplo, han ignorado ambos trámites.

Aunque hay otras dificultades caseras que pueden hacer trastabillar la hoja de ruta y tienen que ver con las deficiencias del plan. Los expertos de Esade señalaron la multitud de claroscuros que alberga el borrador en un informe publicado esta semana. Sostienen que falta «concreción reformista en áreas clave como las pensiones, el marcado laboral, la Administración pública, la fiscalidad verde o el mercado interior». Además, detectan «ambición insuficiente» en lo que se refiere al capital humano, desde la educación a las políticas activas, los bajos niveles de ejecución en los presupuestos de ciencia e I+D y en la infrafinanciación de la formación profesional (FP). En el flanco de la gobernanza hay problemas serios. El informe sostiene que existe una «excesiva opacidad respecto a los procesos de selección de proyectos e inversiones». El anuncio anticipado de la concesión de ayudas a la planta de Seat de Martorell para la fabricación de baterías «no ayudó» a despejar las dudas sobre la arbitrariedad en la concesión de los fondos.

De hecho, los expertos creen que hay un «insuficiente compromiso con una cultura de la evaluación y rendición de cuentas» porque no se establecen métricas, procesos ni objetivos para evaluar la adecuación y la eficiencia de las inversiones. Además, se percibe «una débil implicación en los procesos de las comunidades autónomas, los entes locales y la sociedad civil».

Los aspectos positivos

No todo son críticas en la evaluación. Lo cierto es que el plan diagnostica bien los problemas que arrastra la economía española y adecúa sus prioridades a las fijadas por Bruselas, como atajar el riesgo de pobreza o acelerar la transformación de la economía hacia un modelo más ecológico. El grado de ambición en torno a la transición verde es difícil de encontrar en otros planes. También han desaparecido del plan algunas reformas que el socio de Gobierno, Unidas Podemos, había exigido incluir y que amenazaban con generar rechazo en Bruselas, como la derogación íntegra de la reforma laboral, la intervención de los precios del alquiler o la creación de un banco y una gran energética públicos.