El Gobierno espera retrasar dos años, a los 66, la edad real del retiro en el 2050

Tras meses de duras negociaciones y repetidos acercamientos de posturas frustrados, el primer bloque de la reforma del sistema de pensiones finalmente quedó ayer listo para ver la luz. Gobierno, patronal y sindicatos alcanzaron un preacuerdo sobre el texto que se aprobará en el Consejo de Ministros de la próxima semana, una vez que el comité ejecutivo de la CEOE le de hoy una bendición que CC.OO. y UGT ya le han otorgado. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, comparecerá la próxima semana en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo para informar del contenido de este primer bloque de medidas, que se detallan a continuación, y cuya rúbrica formal presidirá Pedro Sánchez a finales de semana:

revalorización anual

Vuelta al IPC. El acuerdo, que se tramitará como proyecto de ley en el Congreso a la vuelta del verano, según confirmaron fuentes del departamento de Escrivá, supone la vuelta al uso del IPC para calcular la revalorización anual de las pensiones, algo que había dejado de hacerse con la reforma del PP en el 2013, que vinculaba su revisión a la marcha de la economía, con una subida mínima anual del 0,25 %. Sin embargo, ahora se revalorizarán con la variación interanual media de la inflación de los 12 meses anteriores a diciembre del año anterior, y en caso de que el IPC resulte negativo, no se tocará la prestación, lo que protegerá su capacidad adquisitiva.

factor de sostenibilidad

Se entierra la reforma del PP. Otra de las medidas clave del texto es la referencia expresa a la derogación del factor de sostenibilidad, un mecanismo que vincula la cuantía de la pensión a la esperanza de vida, aprobado por el Gobierno de Rajoy y que morirá sin llegar a ver la luz, ya que iba a entrar en vigor en el 2023. Precisamente el cambio de criterio de Escrivá, partidario de dejar su derogación para el segundo bloque de la reforma, argumentando que había tiempo, estuvo a punto de dinamitar el acuerdo con los sindicatos, que lo exigían ya.

Ahora se abre una nueva etapa negociadora, ya que el Gobierno planteará a los agentes sociales un nuevo factor de solidaridad intergeneracional que reemplace al derogado y que alivie las tensiones que el sistema de pensiones sufrirá en el 2050, cuando se incorpore el grueso de la generación del baby boom.

Desde el ministerio no han dado pistas sobre en qué consistirá ni cómo actuará sobre las pensiones, pero los cálculos realizados por CC.OO. revelan que la derogación del factor de sostenibilidad favorece más a los trabajadores jóvenes, como prueba que los nacidos en 1960 verán incrementada su pensión en un 5 % frente al 20 % de los de la década de 1990 (a razón de un 5 % por década).

La fecha tope para negociar en el diálogo social el nuevo mecanismo es el 15 de noviembre, aunque no se espera que entre en vigor hasta el 2027, cuando la reforma del 2011 (que retrasó hasta los 67 años la edad legal del retiro), despliegue todos sus efectos.

jubilación anticipada

Penalizaciones progresivas. Además de garantizar el poder adquisitivo de las pensiones, el otro gran objetivo de la reforma comprometida con Bruselas es garantizar la sostenibilidad del sistema, lo que pasa por fomentar que los trabajadores prolonguen su carrera laboral. La pretensión del Gobierno es que, sin necesidad de elevar más la edad legal del retiro, la edad efectiva de jubilación (actualmente en los 64,6 años) se vaya prolongando voluntariamente. El objetivo está en dos años más en el 2050, lo que prácticamente supondría la edad legal.

Para ello, el Gobierno usa el palo y la zanahoria. El primero es incrementar la penalización a quienes opten voluntariamente por retirarse antes de la edad fijada. Los coeficientes reductores e los meses 24 y 23 de anticipo —ahora se aplicarán por meses en lugar de por trimestres— se elevarán, aunque se suavizan a partir del mes 22.

Los trabajadores que coticen por una base reguladora inferior a la que da derecho a la pensión máxima (2.704 euros al mes) no tendrán cambios, pero quienes lo hagan por las bases máximas sí. Tras la reforma —que entrará en vigor en el 2024 con carácter general, aunque para este colectivo se aplicará progresivamente hasta completarse en diez años— el nuevo mecanismo posibilitará que coticen más en función de sus salarios reales, de modo que puedan tener una pensión más alta si se jubilan a la edad legal, o la misma a la que accederían en la actualidad si ahora decidiesen adelantar su retiro.

Para proteger a los trabajadores que se ven abocados a una jubilación anticipada forzosa, como es el caso de quienes han perdido su empleo por la crisis, se amplían las causas de despido objetivo para poder acogerse a esta modalidad (traslados forzosos, impago de salarios, etc.), que tendrá menos penalización que hasta ahora.

jubilación demorada

Premio a seguir trabajando. Si las penalizaciones descritas son el palo para evitar las jubilaciones antes de tiempo, Escrivá también ha incluido la zanahoria entre las medidas. Y es que quienes sigan en activo en el mercado laboral tras llegar a la edad legal de retirarse podrán escoger entre varias alternativas: incrementar en un 4 % su pensión por cada año que la retrasen, recibir un pago único de hasta 12.000 euros o combinar ambas fórmulas.

Seis meses para equiparar el acceso a la pensión de viudedad de las parejas de hecho

Una de las medidas que incluye este primer bloque de la reforma es el compromiso de equiparar las condiciones de acceso a la pensión de viudedad del colectivo de parejas de hecho con el de los matrimonios.

El documento establece un período de seis meses para diseñar y negociar en el diálogo social tal equiparación, que era una recomendación explícita de la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo, concretamente la número 13 del documento sobre la reforma del sistema de pensiones. Se trata de acabar con una situación «injusta» para las parejas de hecho, que tienen condiciones de acceso a la pensión de viudedad diferentes a los de los matrimonios.

Así, además de exigirse los requisitos de alta y cotización como a las parejas casadas, se les aplican otros criterios para acceder a la prestación, como que la persona beneficiaria tenga que acreditar que sus ingresos en el año natural anterior no alcanzaron el 50 % de la suma de los propios y de los del fallecido en el mismo período. En el caso de haber hijos con derecho a pensión de orfandad, ese porcentaje baja al 25 %.

El servicio social femenino se iguala a la mili en el cálculo para el retiro anticipado

La redacción definitiva acordada este lunes incluye algunas otras novedades, como la equiparación del servicio social femenino obligatorio al servicio militar masculino para acreditar el período cotizado necesario para acceder a la jubilación anticipada, ya sea voluntaria o involuntaria.

Otros cambios incorporados al texto respecto al último borrador es que se incrementa al 20 % (desde el 15 % previo) el porcentaje de infrarrepresentación femenina para poder acordar en los convenios colectivos de las empresas la jubilación forzosa desde la edad ordinaria. Fuentes de la Seguridad Social confirmaron que cada año se revisarán los CNAE de las empresas que tienen dicha infrarrepresentación femenina. Igualmente, en el acuerdo político de la reforma de se especifica que la jubilación activa no podrá facilitar la sustitución de personas con cotización completa por otras con cotización reducida.

Los sindicatos ganan el pulso frente al recorte de gasto

La reforma del sistema de pensiones es una de las más complejas de la mesa del diálogo social —junto con la laboral—, por lo delicado e impopular que para cualquier Gobierno supone tocar derechos y prestaciones más que sensibles socialmente. En esta primera ronda de la negociación de la reforma, los sindicatos han sido los claros vencedores del pulso, al imponerse finalmente su tesis de aumentar los ingresos del sistema sin reducir el gasto, como pretendía el ministro Escrivá con algunas de sus propuestas iniciales, como aplicar una correción a la revalorización cuando el IPC fuese negativo o penalizar más por jubilarse anticipadamente a quienes cotizasen por las bases máximas.

De hecho, las primeras valoraciones de los líderes sindicales, tras hacerse público el acuerdo, evidenciaban la satisfacción por el resultado, que supone finiquitar definitivamente la reforma del Gobierno de Rajoy.

El secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo, destacó que el acuerdo es «una palanca muy potente» para asegurar la sostenibilidad y suficiencia de las pensiones y que requiere medidas de ingresos. «Si hay voluntad política para pagar las pensiones, habrá pensiones en el futuro», dijo, subrayando que da «certidumbre» tanto a los pensionistas actuales como futuros. El destope de las cotizaciones máximas, recordó, queda para la siguiente fase.

Por su parte, la secretaria de Políticas Europeas de UGT, Mari Carmen Barrera, subrayó que el acuerdo es «uno de los más importantes de la última década en materia de diálogo social», «bueno» para los pensionistas, aunque «no gusta a los apóstoles de los recortes» porque conlleva más y mejores pensiones, sin necesitar pensiones privadas». «Es la antítesis de la reforma del 2013 porque es un acuerdo inteligente, equilibrado y con mejoras», resumió.

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