La línea roja de Bruselas: un mercado eléctrico blindado ante tentativas de intervención
ECONOMÍA
El Gobierno no puede intervenir los precios mayorista, cambiar el modo en que se fijan o expulsar a tecnologías de él so pena de expediente de la Comisión Europea
01 sep 2021 . Actualizado a las 09:07 h.«Jamás vamos a impulsar la adopción de medidas frontalmente contrarias al derecho comunitario», dijo la ministra Teresa Ribera el lunes en el Congreso. Contestaba así de rotunda a la propuesta de sus socios de Gobierno (Unidas Podemos) para enfriar la electricidad: que simplemente metiera mano en el sistema de fijación de precios mayoristas y estableciese un techo que las compañías no podrían sobrepasar y que, además, expulsase del mercado a tecnologías como la hidráulica y la nuclear para que no se embolsasen sus buenos beneficios a costa de las demás. Pues Ribera simplemente contestó que el Gobierno no puede hacer nada de eso porque la Comisión Europea pondría el grito en el cielo ante tal intervención y, además, se enfrentarían a costosísimos litigios legales que, a buen seguro, acabarían perdiendo. Luego vendrían la «pérdida de confianza [en España], multas y sanciones», resumió. Y Ribera les explicó a sus señorías de la comisión de Transición Ecológica del Congreso las cuatro líneas rojas marcadas por Bruselas y que los Gobiernos no pueden traspasar.
Como la prohibición expresa de establecer precios mayoristas regulados, solo pueden formarse en función del sagrado tándem de la oferta y la demanda, como en teoría ocurre en la actualidad; por tanto, tampoco se pueden establecer techos o suelos a esas cotizaciones; el mercado manda. Otra norma intocable para Bruselas, aunque Ribera solicitó por carta que se modificase, es el sistema marginalista de fijación de precios. Es, dijo Ribera, la «quintaesencia del mercado interior de la electricidad». Ese modo de casar las ofertas que hacen las centrales de generación consagra el imperio de las tecnologías más caras, las últimas en vender su electricidad, y que son las que marcan el precio que cobrarán todas las demás, renovables, hidráulicas o nucleares, las más baratas. Tiene que ser así, dice Bruselas. También está prohibido discriminar tecnologías y vetarles el acceso a las transacciones mayoristas.
Pero el Gobierno sí actuará a su modo en los precios, pero después de mercado, recortando parte de sus beneficios a hidráulicas y nucleares, mediante un proyecto de ley que está ya en el Congreso para emprender su tramitación. Ribera retó al PP y al resto de la oposición a que faciliten su aprobación para que entre en vigor cuanto antes.
El Ejecutivo también tratará de «achicar el tamaño» del mercado y reducir la energía que se comercia en él fomentando los contratos bilaterales entre generadores y consumidores y convocando subastas de energías renovables para que vendan su producto a un precio predeterminado durante varios años. Solo en el 2021 impulsará la instalación de 6.000 nuevos megavatios para que inyecten energía más barata a partir del 2023. La última subasta se saldó con precios inferiores a los 30 euros el megavatio hora, o sea, 100 veces menos de lo que está marcando el mercado mayorista.
Un código QR para saber cuánta potencia necesito
Las comercializadoras de electricidad deberán incluir en sus facturas un código QR que permitirá a los clientes acceder al comparador de ofertas de luz y gas de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). La medida entró en vigor el 31 de agosto. El consumidor podrá consultar sus datos (potencia contratada y la máxima utilizada por períodos horarios), así como las posibles penalizaciones en caso de cancelación anticipada del contrato, entre otros. El cliente podrá así decidir si contrata dos potencias distintas al día en función de la que realmente utiliza.
La industria nacional paga el doble que la gala
La Asociación de Empresas con Gran Consumo de Energía (AEGE) publica cada mes un barómetro con los precios que paga la industria nacional en comparación con sus competidores de los países vecinos. Y, mes tras mes, los resultados le sirven para denunciar la situación de desventaja competitiva de las empresas españolas.
El último informe está actualizado hasta finales de agosto. En él, AEGE denuncia que durante los ocho primeros meses del 2021, el sector electrointensivo nacional —para el que la electricidad representa el 50 % de sus costes operativos pues forma parte de sus procesos productivos— pagó el doble que el francés. Esto se refiere a precio final, descontando las medidas de apoyo a la industria incluidas en el estatuto del sector electrointensivo. Así, la patronal calcula que en España abonarán 96,82 euros por megavatio hora, frente a los 41,62 de Francia; o los 62 de Alemania. Todos incluyen el precio de mercado mayorista, los costes regulados incorporados a sus facturas (inferiores en todo caso a los asignados a los consumidores domésticos) y los impuestos. En el capítulo de incentivos incorporan las compensaciones por el impacto indirecto de las emisiones de CO2: 6,40 euros por megavatio hora menos en el caso español; 11,50 en el francés y 13 en el alemán. También la retribución por prestar al sistema eléctrico el servicio de interrumpibilidad: de cero euros en el caso español, pero de 2,50 euros de descuentos en Francia y 3,40 en Alemania. En suma, las industrias electrointensivas contarán este año con una rebaja de 6,40 euros por megavatio hora, frente a los 13 de las francesas y las 16,4 de las alemanas.
