El órgano de dirección de la eléctrica ve el precio «poco atractivo», pero «razonable», y no aconseja vender
17 sep 2021 . Actualizado a las 20:31 h.Los grandes accionistas de Naturgy no acudirán a la opa del fondo australiano IFM para vender sus acciones. Se trata de los fondos CVC y GIP, que tienen actualmente un 20,7 % y un 20,6 %, respectivamente; y Criteria Caixa, el brazo inversor de La Caixa, con un 25,9 % del capital. Tampoco venderán sus títulos los miembros del consejo de administración, y no recomiendan que lo hagan el resto de accionistas minoritarios; es decisión de cada uno, viene a decir. El órgano de dirección de la compañía eléctrica se reunió este viernes para dar su veredicto, no vinculante, sobre la oferta lanzada por el fondo australiano y cuyo período de aceptación está abierto desde el pasado día 9 y finaliza el 8 de octubre. IFM aspira a hacerse con entre el 17 % y el 22 % de la compañía eléctrica a cambio de 22,07 euros por título.
Al consejo de administración de la eléctrica le parece un precio «poco atractivo», aunque «razonable» en el contexto actual, a la vista de las conclusiones del informe que le encargó a Citi como asesor financiero. Tras la comunicación del consejo de administración sobre su postura acerca de la opa, las acciones de Naturgy cayeron este viernes un 1 % hasta los 21,59 euros.
Con ese pronunciamiento contrario a la oferta, a IFM se le complica la operación, más si quiere alcanzar el 22 % de la propiedad de la eléctrica. Tiene el no del 70 % del capital, le queda otro 30 % de acciones en manos minoristas. La argelina Sonatrach, con casi el 4 %, no se ha pronunciado sobre lo que va a hacer. Todo está muy ajustado.
La opinión del consejo de la energética llega la semana en la que el Gobierno ha aprobado un plan de choque para contener la escalada en el precio de la luz, que incluye medidas que minorarán los ingresos de las principales compañías en 2.600 millones de euros. Una circunstancia que habría condicionado la decisión final del consejo. De hecho, advierte de los posibles impactos derivados de las decisiones regulatorias adoptadas. Las fuentes consultadas señalan la incertidumbre en la que se mueve el sector desde que el Gobierno dio a conocer las medidas de recorte.
Dos consejeros nuevos
El consejo de administración considera que aunque el precio sea «razonable», los accionistas deben tener en cuenta otras observaciones de su informe, y especialmente las relativas al posible impacto en el gobierno corporativo de la compañía, ante la intención de IFM de contar con dos consejeros dominicales sin aumentar el tamaño del consejo, lo que implicaría reducir el número de consejeros independientes.
Una operación lanzada en enero con pacto previo con CVC y GIP
Que CVC, GIP y Criteria Caixa no iban a vender sus participaciones en Naturgy ya se sabía. Que el consejo de administración no lo haría y que incluso no aconsejase acudir, no. El fondo australiano no parece ser bien recibido. Sobre todo por parte de Criteria Caixa. Porque CVC y GIP habían alcanzado un acuerdo previo con IFM, según el cual, no harían nada para entorpecer su operación, pero también quedaron en que sus acciones eran intocables. En ese escenario se presentó la opa a finales de enero, hace ya ocho meses. Y todas las miradas se dirigieron hacia el accionista principal, Criteria Caixa, entonces con el 24 % del capital. El brazo inversor de la Fundación La Caixa (CaixaBank) tardó en pronunciarse. Y lo que hizo anunciando no solo que no vendía, sino que se proponía aumentar capital en Naturgy hasta alcanzar el 30 %. Poco a poco ha ido comprando y posee ya casi el 26 %. El sentir de Criteria Caixa parece ser el mismo que el del consejo de administración. Temen la posible alianza que conformarán IFM con los otros dos fondos. Juntos controlarían el 62 % de la empresa.
El aspirante a convertirse en accionista de referencia en la eléctrica española precisó autorización del Consejo de Ministros, al tratarse de una empresa de un sector estratégico. La obtuvo, aunque con unas condiciones estrictas que IFM se ha comprometido a cumplir. Entre ellas, no apoyar la venta de activos que permitan la pérdida de control de los negocio; o el mantenimiento de una «parte significativa de la plantilla» durante cinco años.