Su receta para afrontar la crisis: dejar de usar gas natural e instalar más renovables
13 oct 2021 . Actualizado a las 19:27 h.La Comisión Europea ha lanzado su plan (que denomina caja de herramientas) con las medidas que pueden aplicar los Estados miembros para hacer frente al fuerte incremento de los precios de la energía. Ninguna es excepcional, como pidió la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, sino que Bruselas se ha limitado a recopilar y presentar las que ya estaban a disposición de los socios según la legislación vigente. Esto es, reducción temporal de impuestos, ayudas a las familias vulnerables y fomento de los contratos a largo plazo. De reformar el mercado mayorista de electricidad y desvincular el gas natural de la fórmula de conformación de precios finales, como pedían tanto España como Francia, para forzar una bajada de tarifas, nada de nada.
Durante la rueda de prensa para presentar la caja de herramientas, la comisaria de Energía, Kadri Simson, explicó que no hay alternativa mejor al diseño actual de mercado para encajar la oferta y la demanda en cada momento. Añadió que el mejor modo de que el precio del gas deje de condicionar el de la electricidad es «dejar de usar» ese producto —con el que se genera el 30 % de la producción de electricidad de la Unión— y «sustituir el uso de combustibles fósiles por renovables».
A preguntas de los periodistas, la comisaria de Energía explicó que está en contacto permanente con Teresa Ribera y que conoce el plan de choque aprobado por el Consejo de Ministros, que la Comisión está evaluando todavía. Simson reconoció que el impacto del encarecimiento de la electricidad es diferente en cada país y que en España es más importante que en otros estados porque las fluctuaciones del mercado mayorista diario (cada hora arroja precios diferentes) se trasladan rápidamente a las facturas de los consumidores finales. En otros países se aplican referencias más estables, como el mercado de futuros.
En opinión de la comisaria estonia, la «mejor solución» para abaratar la luz en España es aumentar la interconexión de la península con el resto del continente a través de Francia para que fluya la electricidad.
Simson reconoció que España está tomando «medidas excelentes» en materia de autoconsumo y de eficiencia energética, pero no se refería a las contenidas en el plan de choque aprobado hace un mes y que la Comisión Europea está analizando aún. Ese real decreto, que este jueves debe ser convalidado todavía en el Congreso de los Diputados, incluye algunas de las medidas recomendadas por la Comisión Europea, como una rebaja fiscal temporal (del impuesto de electricidad, que se suma a la reducción del IVA en junio pasado), el recorte de cargos del sistema o a la creación de un suministro mínimo vital para prohibir los cortes de luz por impago durante ocho meses para las familias más vulnerables. También recoge otra medida que repercute directamente en la cuenta de resultados de las compañías eléctricas: les recorta los beneficios extra que están obteniendo por la revalorización de la electricidad en el mercado al por mayor para destinarlos a bajar la factura de los consumidores domésticos e industriales.
Teresa Ribera anunció hace unos días que estaba dispuesta a retirar esa última medida, que ha puesto en pie de guerra a las empresas y a los inversores, so pena de paralizar inversiones y romper contratos, siempre que Bruselas actuara de manera contundente. Y no lo ha hecho. La ministra Ribera calificó el plan de Bruselas como «manifiestamente incongruente» que no aborda «la excepcionalidad de la situación».
Sin embargo, ante las airadas reacciones en contra del decreto por parte de socios de investidura como el PNV, por su impacto en la industria, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó este miércoles en el Congreso su disposición a revisar el decreto con el fin de no mermar la competitividad de las empresas.
Dependencia de Rusia
Los precios de venta de la energía se han incrementado un 200 % en el último año. Y Bruselas apunta como causas del desastre energético en Europa a la enorme demanda y escasa oferta de gas en el mercado. El proveniente de Rusia no ha estado disponible como otros años. A ello se suma la escasa disponibilidad de agua y viento. Las renovables han estado paradas buena parte del verano, apunta la institución. De hecho, cree que los precios del gas están siendo más determinantes que el precio de compra de derechos de emisión de CO2.
Alrededor de un cuarto del consumo energético en la UE proviene del gas. Y detrás de todo este fenómeno está la alta dependencia energética del bloque (61 % en el 2019). Eso ha hecho que los precios en Europa se hayan triplicado, en lugar de doblado.
Las autoridades comunitarias esperan que los precios se relajen a partir de abril del 2022. Hasta entonces, Europa tiene las reservas de gas contadas. De hecho, Bruselas recuerda que dispone de un mecanismo de solidaridad que puede activar en caso de crisis extrema e interrupciones en el suministro hacia algunos países.
Acepta estudiar posibles compras conjuntas de gas
Bruselas se remite a la legislación vigente para plantear las medidas con las que atajar la crisis energética. La Comisión Europea recuerda que ya hay veinte Estados miembros que han incluido en sus planes topes de precios y rebajas o congelaciones fiscales en las facturas de los consumidores más vulnerables. La Comisión insta a financiar estas medidas con los ingresos procedentes de los derechos de emisión de CO2 (26.300 millones de euros en el conjunto de la UE desde el 1 de septiembre del 2020 al 30 de agosto del 2021), los impuestos y las tasas fijadas en el recibo así como con gravámenes medioambientales —países como España aún se resisten a imponer tasas al diésel—. El Ejecutivo comunitario insta a extender ayudas a empresas e industrias (en línea con la legislación europea) para amortiguar el impacto y evitar cierres. Grupos como Sidenor y Fertiberia han anunciado parones temporales de la producción y Ferroatlántica (con fábrica en Arteixo) la ha reducido.
Para los hogares más vulnerables propone descuentos o bonos para pagar la factura, moratorias en el pago y medidas de salvaguardia para evitar los cortes de suministro a cargo del dinero público. Países como España ya lo hacen desde el inicio de la pandemia, y Bruselas sugiere extender el escudo protector. Por el flanco de la fiscalidad, anima a hacer todas las rebajas posibles, incluidas la del IVA, eso sí, «tienen que estar bien focalizadas y evitar que introduzcan distorsiones». También propone que la parte de la factura que se paga para sufragar las renovables se quite del recibo final y sea el Estado el que se haga cargo.
Además, Bruselas se ha comprometido a estudiar la posibilidad de hacer compras conjuntas de gas para poder abaratar los precios, como propone España.
Aunque no detecta manipulación o especulación en el mercado de emisiones de CO2, la Comisión sí ha requerido información a la Autoridad Europea de Valores y Mercados (ESMA) para que compruebe si ha habido distorsiones.
Preocupación de la patronal gallega por el impacto del plan de choque
El presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), Juan Manuel Vieites, ha enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para trasladarle la preocupación de la patronal gallega por el impacto que tendrá la aplicación del decreto que minora los beneficios de las compañías eléctricas. ¿Por qué? Porque las principales empresas del sector, Iberdrola, Endesa y Naturgy, ya han avanzado a sus grandes clientes industriales que tendrán que renegociar los precios del suministro de electricidad para repercutir y afrontar ese recorte de beneficios.
Vieites advierte de que esos cambios temporales «nos encaminan a un escenario de precios altos e imprevisibles». También «puede condicionar notablemente las decisiones empresariales sobre inversiones energéticas [...] a la vista de las inestabilidad de las condiciones que introduce».
La patronal vasca también lanzó un mensaje similar a la gallega. Las primeras consecuencias no se han hecho esperar y Sidenor ha anunciado ya que parará producción durante un mes para evitar el fuerte incremento de los precios eléctricos.
