El gasto social supera a la suma del coste de inversiones productivas y reformas estructurales
14 oct 2021 . Actualizado a las 05:00 h.Casi cuatro de cada 10 euros del gasto en el que incurrirá el Estado español el año que viene se destinará al abono de pensiones (171.165 millones de euros). Es la partida más cuantiosa de las reservadas para políticas sociales, que superarán en su conjunto (248.391 millones) el gasto en inversiones productivas y reformas estructurales. Las pensiones se nutrirán además de 7.868 millones adicionales respecto al 2021 (+4,8 %). Ni el desempleo (22.457 millones), ni la educación (5.023 millones) ni la sanidad (5.434 millones) pueden soñar con esas cifras. Lo mismo ocurre con el gasto en el aparato del Estado. El Gobierno prevé revalorizar el salario de los funcionarios al menos un 2 %, aumentar las tasas de reposición y absorber en el plazo de tres años a los empleados interinos. También crecen partidas como Defensa.
Previsiones
Optimismo en cuestión. Engorda el gasto y lo hace mientras el Gobierno español se encomienda a unas expectativas de crecimiento para el 2021 y 2022 que esta misma semana el Fondo Monetario Internacional (FMI) se encargó de enfriar. Si crece el PIB, crecen los ingresos. Es la lógica que ha esgrimido Moncloa para defender la «sostenibilidad» y «credibilidad» de sus cuentas. Con lo que no ha contado es con el impacto que tendrá en una parte del tejido productivo y el empleo la retirada progresiva del escudo social y el final de la moratoria concursal. Las insolvencias repuntarán un 26 % a finales del 2022, según Crédito y Caución. También persiste la incertidumbre sobre cómo permearán a la economía real las ayudas europeas, de cuya ejecución inicial aún no se sabe nada a dos meses y medio de cerrar el año, como reconoció ayer en rueda de prensa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien cree que los ingresos -sostenidos en un aumento de la recaudación por IVA y rentas del trabajo- permitirán cuadrar las cuentas.
Volver a los niveles de deuda anteriores a la pandemia, el 95 % del PIB en el caso de España, «podría requerir más de una década de mayores superávits primarios» que los que se venían registrando antes de la crisis. Es un reto colosal si se tienen en cuenta las necesidades de gasto, también por las presiones del envejecimiento y la resistencia que habrá a subir impuestos. El FMI instó este miércoles a los Gobiernos a «fortalecer la credibilidad de sus políticas fiscales». Para eso, urge «movilizar más ingresos a medio plazo y mejorar la eficiencia del gasto», dos tareas pendientes en España. Las perspectivas de reducción de la deuda no son catastróficas, pero tampoco halagüeñas: apenas será capaz de digerir el sobrecoste de la pandemia y, tras cinco años estancada, volverá a subir en el 2026 al 117,5 % del PIB, en un contexto de envejecimiento y de mayor presión sobre el sistema de pensiones.
ajustes
A partir del 2023. ¿Cuándo será el momento propicio de introducir ajustes? Todos los organismos internacionales, incluida la Comisión Europea, insisten en mantener en el 2022 políticas de gasto expansivas «responsables» mientras se preparan los planes de ajuste. El FMI cree que el calendario debería ajustarse a las condiciones específicas de cada país, su situación particular tras la pandemia, la existencia de vulnerabilidades fiscales -en el caso de España, su baja presión impositiva sobre las empresas, las altas rentas y la contaminación- y en función de la «calidad del gasto público», porque como señala Bruselas, no es lo mismo aumentar la inversión en partidas con impacto estructural a largo plazo -como la educación y la I+D- que en gasto corriente, como salarios públicos o pensiones, sin garantizar previamente la sostenibilidad del sistema. Y eso aún está por ver en España. ¿Será el 2023 el año del gran ajuste? Todo apunta a que será un proceso gradual, que empezará a pactarse antes de que finalice el 2021, entre otras cosas porque Alemania ya prevé encarrilar el déficit el próximo año, al igual que otros socios ortodoxos.
España se anotará el mayor desajuste entre ingresos y gastos de las principales potencias del euro. Para abrir el apetito, los Presupuestos españoles del 2023 ya deberán incorporar el compromiso de reforma fiscal adquirido con Bruselas, que exige a España subir la presión fiscal (37,5 % sobre el PIB), especialmente en el flanco medioambiental. No obstante, el calendario electoral -comicios generales en noviembre del 2023- podría interferir y forzar el aplazamiento de las reformas, sin las que España no puede recibir las ayudas europeas del Next Generation EU.
recortes
Protagonistas. ¿Quién cargará con el peso de los ajustes? A diferencia de lo que ocurrió tras la crisis financiera, cuando fueron los trabajadores los que asumieron de forma mayoritaria la carga de los recortes -con desempleo, rescates públicos de entidades financieras y con pérdida de poder adquisitivo-, en esta ocasión Bruselas y el Fondo Monetario Internacional instan a «distribuir» en los próximos años el impacto que puedan tener los recortes o una subida de los impuestos sobre los ciudadanos.