La renuncia de Ford a 106 millones confirma el fiasco del PERTE del motor

Cristina Porteiro
C. Porteiro REDACCIÓN / LA VOZ

ECONOMÍA

Manuel Bruque | EFE

Sus planes para la planta valenciana no se ajustan al apretado calendario de gasto

24 ago 2022 . Actualizado a las 20:28 h.

Ha pasado más de un año desde que el Consejo de Ministros aprobó el proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) del Vehículo Eléctrico y Conectado. El plan, dotado con 3.400 millones de euros públicos —procedentes del fondo europeo Next Generation EU—, debía permear con rapidez a las empresas a lo largo de toda la cadena de producción de la automoción española con un objetivo: situarse a la vanguardia de la fabricación de vehículos eléctricos. Y nada más lejos de la realidad.

En la actualidad, solo 596,7 millones (el 20 % del total del programa) tienen asignado un beneficiario. El resto del dinero —tanto subvenciones como préstamos— ha quedado desierto tras el cierre de la convocatoria, que se extendió desde el pasado 1 de abril hasta el 3 de mayo.

A pesar de los números, que revelan del escaso éxito que ha tenido el plan, el Gobierno central —es quien decide el reparto— acordó este verano excluir de las ayudas el proyecto Aries de Stellantis para sus plantas de Vigo y Villaverde (Madrid) «por no cumplir con la estructura mínima».

Producción 100 % eléctrica

La multinacional francesa había solicitado 43 millones, un dinero con el que la compañía dirigida por Carlos Tavares quería apuntalar un plan más ambiciosos de 600 millones de euros para garantizar una producción 100 % eléctrica en la factoría gallega en la próxima década. Ese proyecto de máximos fue descartado definitivamente porque superaba los plazos de ejecución fijados por las autoridades europeas, así que solo tendrá una oportunidad si recurre a los fondos regionales Feder, que todavía no se han activado para el período 2021-2027.

La guinda a este fiasco en la gestión del PERTE la puso ayer Ford. La multinacional estadounidense, a la que el Gobierno sí había reservado 106,3 millones de euros para invertir en su planta de Almusafes (Valencia), anunció su retirada del PERTE. Renuncia a las ayudas y lo hace, según explicó en un comunicado, porque no puede garantizar el cumplimiento del calendario de gasto fijado —la fecha límite es el 30 de junio del 2025—.

Sus previsiones de producción de vehículos para Europa, revisadas a la baja, han obligado a la firma a retrasar de forma paralela sus planes de inversión para la planta valenciana. Ese ajuste ha puesto de relieve que no tendrán tiempo de ejecutar los fondos antes del 2025, como ya le ocurrió a Stellantis y su plan para Vigo.

¿Podría haber sido diferente? Es probable. Desde que se aprobó el proyecto hasta que se abrió la convocatoria de ayudas pasaron ocho meses y medio. El calendario ahora es muy apretado para ejecutar a tiempo las inversiones requeridas, más cuando los fabricantes afrontan una triple crisis: la caída de la demanda, los problemas en el suministro de microchips —vitales para el coche eléctrico— y los elevados precios de la energía y materias primas. Tampoco juega a favor del sector la intensidad de las ayudas, de las que se han quejado los fabricantes.

Por si fuera poco, hace dos semanas Estados Unidos aprobó un plan fiscal que subvencionará con casi 7.400 euros la compra de coches eléctricos, pero solo de aquellos fabricados en el país. Una medida que, tal y como denunció la Comisión Europea, «discrimina a fabricantes extranjeros [como los europeos] respecto a los estadounidenses».

Tampoco hay posibilidad de enmienda, porque los plazos para gastar las ayudas fueron acordados por la Unión Europea (UE) y fuentes del Ejecutivo autonómico descartan que las autoridades comunitarias se abran a negociar nuevas fechas. Una vez fijado el calendario, depende de la agilidad y presteza de las Administraciones de cada país que esas ayudas se gasten en tiempo y forma.

Lo que está en juego no es poco. Según estimaciones del Ministerio de Industria, el PERTE tenía potencial para generar 140.000 empleos e incrementar el producto interior bruto (PIB) español entre un 1 y un 1,7 % —de invertir la totalidad de las ayudas—.

Alegaciones de Stellantis

Mientras, desde Stellantis Vigo confirman que ya ha presentado alegaciones para revertir su exclusión de las ayudas, según confirmaron fuentes oficiales de la fábrica.

La gallega y la de Madrid son las dos únicas grandes plantas que, de acuerdo al reparto inicial, no recibirían ni un euro de ayudas europeas, pese a que la olívica es la factoría pionera del grupo en España en producción de vehículos eléctricos. En el proyecto Aries están involucradas un total de 25 entidades, 17 de ellas gallegas. En cualquier caso, los 43 millones de euros por los que pelea Stellantis Vigo no blindarían el futuro de la planta, marcado por el incremento de ritmo de la electrificación.

La factoría de Balaídos queda ahora a expensas de que el Gobierno central analice y apruebe las alegaciones presentadas.