La Xunta recurrirá la tasa a grandes fortunas por invadir competencias fiscales

Manuel Varela Fariña
Manuel Varela SANTIAGO / LA VOZ

ECONOMÍA

PACO RODRÍGUEZ

El impuesto anularía la bonificación en el gravamen sobre el patrimonio

27 oct 2022 . Actualizado a las 19:15 h.

«Imos coñecendo isto por fascículos», lamentó este jueves el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras ser preguntado por el impacto que tendrá el gravamen a las grandes fortunas en la nueva bonificación al impuesto de patrimonio que recoge el Gobierno gallego en los Presupostos del próximo año, que se debaten desde el miércoles en el Parlamento. El titular de la Xunta reconoció que solo conoce la información «que vai dando» el Ejecutivo central, pero advierte que la creación de esta tasa implica «unha invasión difícil de discutir das capacidades que teñen as comunidades autónomas». De prosperar esta senda fiscal, Rueda avanzó ayer que Galicia «reaccionará dende o punto de vista práctico e legal».

El último capítulo de la guerra fiscal entre Moncloa y las comunidades gobernadas por el PP se escribió este miércoles. El Ministerio de Hacienda confirmó entonces que el nuevo impuesto sobre grandes fortunas tendrá impacto fiscal en este 2022 y gravará la riqueza neta superior a los tres millones euros, con tres tramos: 1,7 % a patrimonios entre 3 y 5 millones; 2,1 % a patrimonios de entre 5 y 10 millones, y un 3,5 % a partir de 10 millones.

La cartera de María Jesús Montero no solo pretende con ello armonizar el impuesto al patrimonio, sino dejar sin efecto las bonificaciones planteadas por Andalucía, Madrid y Galicia. Las dos primeras lo hacen en su totalidad, mientras que la Xunta lo hará al 50 % tras la rebaja inicial del 25 % este último ejercicio. El Gobierno gallego dejará de ingresar así unos 34 millones de euros, pero alega que lo hace para disuadir a las grandes fortunas de cambiar su domicilio fiscal a países sin esta figura tributaria, caso de Portugal.

Así lo defendió el conselleiro de Facenda, Miguel Corgos, en la presentación de las cuentas del próximo año en el Parlamento. «Ante a inacción do Estado, nós tomamos medidas para evitar que determinados contribuíntes opten por marchar a outras zonas de menor presión fiscal, como o noso veciño Portugal, onde non existe este imposto», expuso.

Rueda criticó que se traslade «agora» que el tributo ya tendrá impacto este año cuando «primeiro» se hablaba del 2024. Pide así conocer en profundidad los plazos y objetivos del Gobierno para «determinar as actuacións» que se harán desde Galicia, ya que «en principio parece claro que é unha invasión, bastante difícil de discutir, nas capacidades fiscais que teñen as comunidades autónomas».

«O Goberno sabe que está en colisión coas nosas capacidades fiscais. Se se produce, como parece [la creación de este impuesto], a Xunta reaccionará dende o punto de vista práctico e legal», respondió el presidente de la Xunta. Alfonso Rueda ya había lanzado esta advertencia el mes pasado, consultado por el mismo tema aunque cuando se desconocía aún el contenido del tributo. «Se invade as nosas competencias e as nosas capacidades de corresponsabilidade fiscal, nós actuaremos», avisó.

De no prosperar ese recurso, las grandes fortunas serán gravadas ya no por la Xunta, sino por el Estado a través de este nuevo tributo, un extremo que podría llevar a peligrar esa bonificación que el Gobierno gallego recoge en sus Presupostos para el próximo año. El Ejecutivo central espera recaudar 3.000 millones de euros en 2023 y 2024 con el impuesto, si bien la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la recaudación será algo más baja, unos 450 millones menos.

Impuestos «por la espalda»

Con mayor vehemencia se expresó la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, al responder a la misma pregunta durante su visita este jueves a la localidad coruñesa de Ordes, donde estuvo acompañada por el propio Rueda. «Nosotros, desde luego, estamos radicalmente en contra de acabar con la autonomía fiscal de las comunidades», expuso, con la creación de lo que definió como «impuestos por la espalda».

Condenó así que se otorgue «más autonomía al deporte en el País Vasco» —que podrá competir en varias disciplinas— mientras comunidades que no son «golpistas» y están «al servicio de España», no tengan «la más mínima autonomía». «Actuaremos en consecuencia para defender nuestra autonomía», zanjó.