Las familias destinan más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler en casi uno de cada cuatro barrios del país
23 abr 2023 . Actualizado a las 16:19 h.España está a la cola de Europa en vivienda social, con 450.000 inmuebles. Su porcentaje no llega al 3 % del parque total. Una cifra lejana si se compara con la de los Países Bajos, donde este tipo de inmuebles representan el 30% del parque, la de Austria (24%), Dinamarca (20%) o Suecia (19%).
Junto a España, en la parte baja de la tabla europea se encuentran Rumanía (1,5%); Estonia (1,7%); Croacia (1,8%) o Portugal, con un 2%, según los datos recogidos en el especial de vivienda social del Observatorio de la Vivienda y el Suelo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Con porcentajes similares a España se encuentran Bulgaria (2,5%) o Eslovaquia y Hungría (3%, respectivamente), pese a que su número de habitantes está muy por debajo del español.
Entre los países más poblados de la Unión Europea (UE), el peso de la vivienda social varía mucho. En Alemania es del 3,9%; en Francia del 17%; en el Reino Unido se acerca al 18%; en Italia es del 3,7%; en Polonia del 7,6 % y en Bélgica del 6,5 %.
Con estos datos, España necesitaría incrementar el parque existente de vivienda social en casi un 8% cada año para aproximarse a la media de la UE, cuyo parque asciende a 19 millones de inmuebles sociales (9,3 % del total).
¿A quién pertenecen estas viviendas en España? Son básicamente de titularidad de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos.
De acuerdo con los datos ofrecidos en este estudio, Andalucía es la que encabeza el número de viviendas sociales, con unas 50.000 de titularidad pública en régimen de alquiler, seguida del País Vasco, con 24.000 viviendas y la Comunidad de Madrid, con más de 20.000.
Pedro Sánchez admite que el dato de España es «sonrojante»
Esta semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reconocido que el porcentaje de vivienda social en España, que no llega al 3%, es «ínfimo», «ridículo», «bochornoso» y «sonrojante».
A las puertas de las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo, se ha marcado como propósito incrementar en un 20% el número de viviendas en alquiler público en un breve espacio de tiempo, un objetivo que ha calificado de ambicioso, pero que entiende que es justo y acertado.
En los últimos días, el Ejecutivo ha anunciado que va a movilizar 50.000 viviendas y suelos de la Sareb para vivienda pública, y a financiar la promoción de otras 43.000 casas de alquiler a precios asequibles mediante una nueva línea de financiación con fondos europeos de 4.000 millones.
Un esfuerzo insuficiente: se necesitan 1,5 millones de inmuebles más
Según un reciente estudio de BBVA Research, alcanzar el volumen medio de vivienda social (7% del parque total) del conjunto de países desarrollados (OCDE), exigiría levantar en España 1,5 millones inmuebles más de este tipo.
Por eso, aunque el compromiso del Gobierno de movilizar 50.000 viviendas de la Sareb y financiar la construcción de 43.000 son un primer paso en la buena dirección para reactivar esta política venida a menos en los últimos años, todo apunta a que será insuficiente para cubrir el actual déficit del territorio.
Los planes del Gobierno reforzarán la oferta, pero estas medidas no servirán por sí solas para apagar el calentón de precios que ha provocado que unos 13 millones de hogares cumpla uno de los dos criterios para declararse zona tensionada: que la tasa de esfuerzo para pagar su casa supere el 30% o que sea una zona donde la subida del precio se sitúe tres puntos porcentuales por encima del IPC. Ese número de hogares supone un 61% del total. Más de seis de cada diez viviendas en España.
Si solo se tiene en cuenta el criterio de la renta, el 23,6% de las secciones censales estarían tensionadas, con Madrid, Barcelona, Málaga y Alicante liderando el ránking por municipios. El problema es que en estas zonas la mayoría de viviendas de la Sareb se encuentran fuera de los centros urbanos, donde más se notan las subidas.
Relajar los precios resulta crucial para facilitar el acceso a los jóvenes, que apuestan en su mayoría por esta opción a la hora de independizarse. «Aunque parece que el alquiler es el régimen que más podría adaptarse a ellos, en la actualidad no es sencillo acceder a él. Los jóvenes entran en el mercado laboral con mayores tasas de paro, más temporalidad y bajos salarios; esta precariedad les impide acumular riqueza y a esto se añade el incremento en los precios, producto del crecimiento económico, de los cambios en la composición de la población y de la falta de respuesta de la oferta», indican los analistas.
Esa falta de respuesta se ha visto en todas las Administraciones Públicas, que desde los años 90 han paralizado el desarrollo de vivienda social. Según el último Observatorio del sector elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el 2020, el país ha pasado de construir más de un millón de casas asequibles en los 80 a apenas 167.000 entre el 2011 y el 2019. En un entorno en el que, además, la población no ha dejado de crecer.
Causas de su declive
Los expertos apuntan a que detrás de esa dejadez está la apuesta por la vivienda libre, a mayores precios que, entre otras cosas, permiten también mayores ingresos mediante impuestos como el IBI. Por eso aconsejan una inversión cada vez mayor en el sector, tanto pública como privada. En los últimos Presupuestos del 2023, el gasto previsto para acceso a la vivienda es de 3.472 millones, muy por encima de años anteriores, pero aún insuficiente para cumplir los compromisos a largo plazo.
