Preocupación en la patronal gallega por el freno judicial a varios parques eólicos
ECONOMÍA
Greenalia recurrirá ante el Supremo la anulación de las autorizaciones para dos proyectos
09 jul 2023 . Actualizado a las 19:55 h.La sección tres de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha emitido varias sentencias recientes que paralizan la construcción de parques eólicos. Como la que suspende de forma cautelar la autorización expedida por la Xunta para ejecutar el proyecto Lagoa II, promovido por la empresa Engasa en los concellos de Zas y Santa Comba; y el parque Monte Toural, de Greenalia. O las que directamente anulan los permisos que tenía esa última empresa para ejecutar Campelo, entre Coristanco y Santa Comba, y Bustelo, entre Coristanco y Carballo. Son las resoluciones más recientes del TSXG, pero no las únicas. El año pasado ya anuló el acuerdo del Consello de la Xunta que aprobó la repotenciación del parque de Corme, impulsado por EDP, el único que está en funcionamiento. Una decisión recurrida ante el Tribunal Supremo tanto por la empresa como por la Xunta y la Asociación Eólica de Galicia (EGA).
Greenalia también ha confirmado que presentará un recurso de casación ante el alto tribunal por la anulación de las autorizaciones para Campelo y Bustelo, que podría tardar años en resolverse.
La Confederación de Empresarios de Galicia (CEG) expresó este viernes su «profunda preocupación» por las consecuencias que tendrán esas paralizaciones en el desarrollo industrial de la comunidad, así como por la inseguridad jurídica que generan. «Los empresarios necesitamos un marco jurídico claro y estable», reclamó el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites.
«Los empresarios necesitamos un marco jurídico claro y estable»
Por su parte, la EGA teme que estos casos proliferen y que «decenas de parques nunca se construirán», según señaló a través de una nota de prensa. También Greenalia expresó hace unos días su preocupación por el clima de inseguridad jurídica que están generando algunos de esos fallos. Especialmente los que afectan a los parques de Corme, Bustelo y Lagoa II. En esas sentencias, el tribunal gallego tumba los proyectos, entre otros argumentos, por la forma de tramitar el procedimiento de evaluación de impacto ambiental del parque. Así, el TSXG considera que los informes sectoriales deben obtenerse antes del trámite de información pública del proyecto, como establece el artículo 36.1 de la Ley de Evaluación Ambiental. Y ese no fue el caso de los parques paralizados. Sin embargo, para el sector se trata de una interpretación diferente de la norma, que, a su entender, establece que la solicitud de los informes sectoriales a las Administraciones afectadas se hará simultáneamente al trámite de información pública, y no antes. De hecho, todos los proyectos se tramitan de ese modo.
Esa será una de las cuestiones que deberá dirimir el Supremo en el recurso presentado por el parque de Corme y que sentará jurisprudencia al resto de causas judiciales abiertas.
Mientras tanto, el sector eólico está preocupado por si ese mismo argumento ambiental pueda aplicarse al resto de proyectos que han sido recurridos por asociaciones ecologistas, fundamentalmente Adega. Pero, además, el presidente de la EGA, José Manuel Pazo, considera que ese mismo criterio de tramitación ambiental podría aplicarse a todo tipo de proyectos, no solo a los eólicos, e incluso en todo el ámbito nacional, ya que la discrepancia se da a la hora de interpretar una ley estatal.
La patronal eólica gallega también cuestiona que el TSXG esté aceptando imponer una suspensión cautelar para la ejecución de los proyectos sin exigir a las entidades denunciantes algún tipo de garantía económica para cubrir los perjuicios que pudiese provocar la paralización.
Las posibles consecuencias: contratos con proveedores en el aire y pérdida de los permisos de acceso a la red
El Tribunal Supremo tendrá la última palabra sobre el destino de los proyectos paralizados por la Justicia gallega. Y, mientras tanto, a esperar. Fuentes del sector explican que las implicaciones para los promotores afectados son importantes, pues a partir de la suspensión cautelar de los proyectos —paso previo a la anulación de las autorizaciones— se paralizan los contratos con los proveedores. Así, Greenalia, por ejemplo, tiene un contrato con Siemens Gamesa para el suministro de 22 turbinas para los parques eólicos de Campelo, Bustelo y Monte Toural, que está en el aire. «Las paralizaciones no son gratuitas. Detrás de cada proyecto hay muchas empresas que sufren importantes costes cada vez que se adopta una decisión así», subrayó Vieites. Otro peligro es que el Supremo tarde tanto en resolver que los proyectos pierdan los derechos de acceso y conexión a la red. Y es que la mayoría de los parques tienen que superar unos hitos para conservarlos.