Bloqueó el proyecto de ley alegando que impacta en las cuentas del Estado
23 oct 2023 . Actualizado a las 19:50 h.Guerra abierta en todos los frentes entre el Gobierno en funciones y el grupo mayoritario de la oposición, esta vez a cuenta de los impuestos. Es un momento delicado, ya que el Ejecutivo ha reconocido ante Bruselas, con la actualización del cuadro macroeconómico incluida en el Plan Presupuestario, que la economía se está enfriando y que las consecuencias de los conflictos armados (Ucrania, Oriente Medio) aún pueden frenar más el crecimiento y disparar los precios. Pero, pese a todo, España se ha comprometido a cumplir el próximo año con las reglas de disciplina fiscal, es decir, dejará el déficit público en el 3 % del PIB y la deuda por debajo del 110 % (en el 106 %). Y aunque aún no hay Gobierno —ni en este momento se sabe si lo habrá o cuándo— y, en consecuencia, tampoco proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el 2024, el Ejecutivo en funciones no permitirá que se toque nada de la estructura fiscal que merme los ingresos de las arcas públicas, especialmente porque, de no estabilizarse el escenario político, habría Presupuestos prorrogados.
Dejando al margen el pulso entre socialistas y populares sobre la conveniencia de subir o rebajar impuestos, el Gobierno de Pedro Sánchez acaba de echar por tierra la pretensión del PP de utilizar su mayoría en el Senado para acabar con el impuesto de sucesiones y donaciones (ISD) a nivel estatal, algo que las comunidades en las que gobierna ya ha ido haciendo en mayor o menor medida.
Con esa pretensión, el PP presentó en la Cámara alta una proposición de ley que, sin embargo, ha nacido muerta, pues ni siquiera llegará a tramitarse. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ha echado mano de un mecanismo legal que le permite impedir el debate de cualquier medida que incida «directamente en los Presupuestos del Estado en vigor».
Es el caso de la supresión del impuesto que grava las herencias y las donaciones, sobre el que las comunidades autónomas tienen capacidad normativa y que provoca notables diferencias tributarias, como muestra el gráfico que acompaña esta información, en función del territorio en el que se resida el contribuyente.
Aunque el PP defendía la eliminación del tributo argumentando que la recaudación del impuesto «no llega al 1% de los ingresos tributarios», de modo que «su eliminación no reviste ningún tipo de perjuicio insoportable para la recaudación global», el Gobierno en funciones no está dispuesto a mermar ni un ápice los ingresos de las arcas públicas y ha cortado por lo sano el debate, impidiendo la toma en consideración de una proposición de ley en la que el PP también pedía que el Ejecutivo compensara a las comunidades con el mismo importe del último ejercicio fiscal por lo que dejarían de recaudar.
Según los últimos datos cerrados de Hacienda, recogidos por el Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), en el 2021 la recaudación por el impuesto de sucesiones y donaciones ascendió a 3.448 millones de euros —casi 134 en Galicia—, un incremento de cerca del 43 % debido a los efectos de la pandemia (el 11,41 % en el caso gallego).
Competencia autonómica
Como ocurre en el resto de impuestos en los que los territorios tienen competencias normativas, los tipos, exenciones y bonificaciones que se aplican en el país no son homogéneos y conviven las regiones en las que los herederos más próximos (como hijos, cónyuge o padres) pagan poco o incluso nada, gracias a las bonificaciones que se les aplican, con otros en los que la factura se eleva. Desde el REAF ilustran la brecha con un ejemplo, ya que un soltero de 30 años que herede bienes por valor de 800.000 euros, de los que 200.000 correspondan a la vivienda habitual, no pagaría nada en Galicia, Andalucía o Cantabria, pero tendría que abonar más de 103.000 euros en Asturias, más de 63.000 en la Comunidad Valenciana o 55.000 en Aragón, mientras que en Madrid y Extremadura se quedaría en menos de 1.600 euros.
El volumen de ingresos que genera el impuesto también varía de un territorio a otro. Así, en cifras absolutas, Cataluña ingresó en el 2021 casi 871 millones, Madrid 687, Andalucía 258 y casi 334 la Comunidad Valenciana, mientras que Galicia recaudó 133,8.