Estima los recursos contra el fallo del TSXG que revocó la autorización de la Xunta a un parque de EDP y allana el camino a otros proyectos paralizados
23 dic 2023 . Actualizado a las 08:59 h.El Tribunal Supremo ha revocado la anulación de la autorización del parque eólico de EDP Corme G-3, ubicado en la localidad coruñesa de Ponteceso, ordenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia el 21 de enero de 2022, tras estimar los recursos de EDP Renovables y de la Xunta de Galicia. El fallo que esperaba como agua de mayo todo el sector eólico en Galicia confirma la resolución administrativa para la autorización que implicaba la modernización del recinto energético, tras considerar el alto tribunal que no se dan los dos motivos de nulidad que apreciaba el TSXG, cuya sentencia queda revocada.
La sentencia del Supremo, de la que es ponente la magistrada Ángeles Huet de Sande, entiende que ni la directiva comunitaria ni la regulación nacional imponen «expresamente que el trámite de consultas a las autoridades se efectúe necesariamente antes de la información pública». Además, el alto tribunal reprocha que «en ningún momento explica la sentencia [del TSXG] que el plazo reducido de 30 a 15 días, del trámite de información pública, sea o haya sido insuficiente por haber impedido u obstaculizado al público la presentación de alegaciones ni que tal reducción pudiera calificarse, por ello, de irrazonable».
El Supremo recuerda que el Consello de la Xunta había declarado de interés especial el proyecto de modificación sustancial del parque eólico de Corme, para su tramitación de forma prioritaria y con reducción de los plazos a la mitad.
El Supremo, pues, ratifica la legalidad del procedimiento llevado a cabo para la repotenciación del parque, que tenía por objetivo la sustitución de 61 aerogeneradores ya instalados por otros siete de mayor potencia y mayor envergadura, así como la modificación de algunas infraestructuras y viales. La energética portuguesa obtuvo la luz verde de la Consellería de Economía para acometer esa actuación en septiembre del 2019, al superar tanto la autorización administrativa previa como la de construcción. Pero posteriormente un particular recurrió esta decisión en la vía judicial, y obtuvo el amparo del TSXG.
La sala tercera de este tribunal estimó el recurso fundamentándose en dos asuntos que guardan relación con el procedimiento de exposición pública. Por un lado, entendió que la información pública no había sido correctamente realizada por dos razones, tal y como recuerda el fallo del Supremo. En primer lugar, porque consideró improcedente la reducción del plazo de 30 a 15 días, y también que los informes sectoriales —los que emiten los distintos organismos con competencias sobre las afecciones que presentan los parques— debieron recabarse antes de someter el proyecto y el estudio de impacto ambiental al trámite de información pública.
Estos dos argumentos, que el Supremo ha desestimado en el caso del parque eólico de Corme, han sido utilizados en otros fallos similares dictados por la Sala Tercera del TSXG, un tribunal presidido por Francisco Javier Cambón del que forman parte los magistrados Cristina María Paz, Juan Carlos Fernández, María de los Ángeles Braña y Luis Villares, que fue candidato a la Xunta por En Marea y luego se reincorporó a la carrera judicial. Se trata de una sección que ha sido noticia en los últimos meses por un goteo de sentencias adversas para el sector eólico. En algunos casos estas han implicado la adopción de medidas cautelares, lo que ha llevado a la paralización de los proyectos.
Sin cautelares
Debido a que los argumentos esgrimidos por los jueces gallegos de la mencionada sala del TSXG se emplean también en otros fallos, el sector espera que se produzca un desbloqueo judicial para que la seguridad jurídica regrese a los proyectos y también que se avance para revocar las medidas cautelares que paralizaron varios proyectos.
La patronal y la Xunta valoran el impacto positivo sobre la economía de la comunidad
Para Manuel Pazo, presidente de la Asociación Eólica de Galicia (EGA), el fallo del Supremo «reconoce que los promotores de los parques eólicos han sido rigurosos en todos los procedimientos administrativos y en el estricto cumplimiento de la normativa de la materia». Tras aludir al parón experimentado por el sector debido a las sentencias, los recursos y las medidas cautelares en contra, subraya que «si para nuestro sector es una buena noticia, no lo es menos para la reindustrialización de Galicia, ya que estaban en recurso y paralización todos los parques que se habían tramitado durante los últimos diez años y de los que dependía toda la industria auxiliar y la anexa». Pazo insiste en que las empresas acumulan un parón de tres años «inmersos en una incertidumbre jurídica perniciosa», por lo que celebran un fallo que, entienden, «devolverá unas garantías jurídicas necesarias para el desarrollo de la eólica en Galicia». Apeló, una vez más, al impacto que tienen este tipo de instalaciones para la economía de la comunidad. «Es una energía limpia, renovable y, actualmente, la más barata».
«É un día [por ayer] moi importante para a industria e para Galicia», resumió, por su parte, la conselleira de Economía, María Jesús Lorenzana, quien considera que el fallo del Supremo tendrá una gran repercusión en el conjunto de la comunidad. El Gobierno gallego había recurrido la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que anulaba la repotenciación del parque —con unos argumentos que se repiten también en otros fallos sobre recintos de la comunidad— y acaba de obtener el visto bueno a sus planteamientos. «Se está ratificando a legalidade das autorizacións dos parques por parte da Xunta», afirmó Lorenzana.
Además, puso en valor el «traballo inxente que levan feitos todos os técnicos tanto da Consellería de Medio Ambiente como de Industria traballando para que eses parques tengan as autorizacións e se garantice a compatibilidade co territorio». Tampoco se olvidó de los trabajadores de la asesoría jurídica da Xunta.
Entiende que el desbloqueo que supondrá para el sector el fallo del Supremo será crucial para el crecimiento de la industria y el empleo. «Se confirma que é posible un desenvolvemento das enerxías renovables, do eólico na comunidade autónoma de xeito compatible co medio ambiente», ratificó.
Megavatios necesarios para las futuras industrias
En una jornada cargada de simbolismo, el sentimiento común entre los protagonistas del sector eólico gallego es que el fallo del Tribunal Supremo sobre la autorización del parque de Corme es su particular premio gordo. Por su trascendencia y, siguiendo con el símil fácil de la Lotería, también porque va a estar muy repartido: ilumina el camino de las decenas de recursos que afectan a autorizaciones de recintos de varias empresas repartidos por todo el territorio y también a sectores diversos de la economía gallega.
Los promotores eólicos gallegos esperan que la paralización y la inseguridad jurídica que empezó a generarse cuando el TSXG atendió el recurso de un particular y echó por tierra la autorización del parque de Corme tenga los días contados. No solo porque hay 78 proyectos en curso, sino también porque una gran parte de los 1.900 nuevos megavatios que sumarán a la potencia instalada de la comunidad son imprescindibles para alimentar energéticamente a las futuras industrias que ya tramitan su implantación en la comunidad. La factoría de aluminio de Alcoa en Cervo o la futura fábrica de neumáticos de la china Sentury Tire en As Pontes son solo dos ejemplos de empresas que tienen contratados suministros de energía verde a largo plazo (PPA por sus siglas en inglés) procedentes de parques gallegos. Pero gran parte de las futuras fábricas anunciadas para la comunidad pertenecen al sector de la química verde, y precisarán de grandes bolsas de energía para operar.
Pero además, la sentencia del alto tribunal también despeja una gran incertidumbre que podría haberse abierto a nivel nacional, al subrayar que ni la directiva comunitaria ni la regulación nacional obligan a presentar los informes sectoriales al inicio del proceso de exposición pública de los proyectos.
En todo el estado, las distintas administraciones someten inicialmente a exposición pública los proyectos y al mismo tiempo comienzan a recabar los informes sectoriales a los diferentes organismos implicados. De ahí que un fallo diferente al emitido por el Supremo podría haber provocado un auténtico tsunami en el sector a nivel nacional.
La cadena industrial suministradora de los componentes y servicios para los parques eólicos también se vio afectada por el parón en los proyectos y la inseguridad con respecto al futuro, con pedidos valorados en varios millones metidos en un almacén. Todos, pendientes de un fallo previsto para diciembre, y que se desveló finalmente ayer.