DKV se plantea abandonar Muface y dejar sin seguro a otros 200.000 funcionarios
ECONOMÍA
Los funcionarios exigen al Gobierno que «actúe» de forma inmediata para garantizar la cobertura sanitaria concertada tras el plantón de Adeslas
31 dic 2024 . Actualizado a las 12:54 h.El próximo 15 de enero, a las 10.00 horas, expira el plazo dado por el Gobierno a las aseguradoras para sumarse al nuevo concierto de Muface. Esta segunda licitación -la primera quedó desierta- eleva del 17,12 al 33,5% la prima que cobran estas compañías por cubrir a los 1,3 millones de funcionarios y familiares de estos que acuden a la sanidad privada. Adeslas, que concentra al 33% del colectivo (508.703 personas), se plantó el pasado viernes alegando que, en los términos actuales, el concierto con Muface le haría perder 250 millones de euros entre los años 2025 y 2027 -pedía elevar la prima al 47%-. La gran duda ahora que queda por despejar es qué harán DKV y Asisa, las otras dos aseguradoras que prestan este servicio en la actualidad a 199.619 y 363.946 usuarios, respectivamente.
Aunque el diario El Mundo avanzó este lunes que DKV ha tomado la decisión de no concurrir, fuentes de la compañía aseguran que «no hemos tomado todavía una decisión. Seguimos analizando los pliegos», por lo que no descartan una posible salida. Aunque «no se cumplen las condiciones» que exigió el consejero delegado, Fernando Campos, «dado el esfuerzo que ha hecho el Gobierno» con su última propuesta, DKV está «analizando» en profundidad los pliegos y «haciendo cálculos», han confirmado a Colpisa. Lo mismo alegan desde Asisa: «Estamos analizándolos en su totalidad».
Por su parte, todavía se desconoce si Sanitas, que ya rechazó sumarse al modelo similar que se utiliza para prestar asistencia a jueces y militares, podría volver a concurrir. Este periódico ha intentado contactar con la compañía sin éxito.
De esta forma, el número de funcionarios que, en caso de confirmarse finalmente la negativa de DKV, se quedarán ya sin su actual modelo sanitario privado se elevaría por encima de los 700.000, casi la mitad del colectivo de mutualistas, y dos terceras partes de los empleados públicos que se decantan por el sistema de salud privado, puesto que hay más de medio millón de mutualistas que ya elegían la sanidad pública.
Así, de las tres compañías que actualmente prestan los servicios sanitarios a ese cerca de 1,6 millones de funcionarios y familiares cercanos, es probable que sean ya dos, Adeslas más la alemana DKV, las que no continúen durante el período 2025-2027, con lo que deja en el aire la sanidad de 716.400 funcionarios, de los cuales 8.100 residen en el exterior, con datos a cierre de diciembre del 2023.
El colectivo de funcionarios, a través de su principal sindicato CSIF, sigue reclamando una solución a largo plazo al Gobierno y denuncian que ya se están registrando numerosas quejas relacionadas con consultas, pruebas y operaciones pospuestas o canceladas. Sin embargo, este fenómeno no se ha generalizado hasta el momento: «Me dieron cita sin ningún problema para este viernes 3 por la mañana», asegura un trabajador público coruñés cubierto por DKV. Sigue vigente la prórroga de tres meses decretada por el Ejecutivo para este 2025 (hasta finalizar marzo) y por la que pagará a las aseguradoras 343 millones de euros.
Quienes también se han pronunciado este lunes han sido los funcionarios de la Federación española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca). Han exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que «actúe» de inmediato y con «verdadera eficacia, diligencia y voluntad política» para alcanzar una rápida renovación de Muface y evitar así que quede desierta también esta segunda convocatoria. «Conseguir una licitación exitosa es responsabilidad del Gobierno de España y de su ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública», aseveran desde la organización. En la última propuesta que el equipo del ministro Óscar López puso sobre la mesa también se contempla el abono de primas en función del tramo de edad del mutualista, de forma que pagarán hasta diez veces más por un paciente mayor de 75 años que por un niño.