El Gobierno no logra sofocar el incendio con Yolanda Díaz por la jornada laboral

El ala socialista del Gobierno lo intenta, pero no logra sofocar el incendio a cuenta de la aprobación o no del anteproyecto estrella de Yolanda Díaz para reducir ya este año la jornada laboral a 37,5 horas semanales. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, argumentó ayer que Economía ha sucumbido a la presión de los empresarios, en concreto, de la patronal catalana, Foment del Treball, y acusó al ministro Carlos Cuerpo de estar «intentando torpedear» la medida.

Por contra, la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, insistió en que, como desde hace semanas sostiene el PSOE, la iniciativa legislativa, parte del acuerdo de Gobierno con Sumar, es una prioridad para el conjunto del Ejecutivo. Y salió en defensa de Cuerpo, al que Díaz llegó a tildar hace unos días de «mala persona» pero que para la ministra para la Transición Ecológica es un «excelente profesional» y una «excelente persona» que comparte con el resto del gabinete una «causa común», que es «seguir trabajando por el progreso de este país». Sumar, sin embargo, cuestiona la voluntad de sus socios. Advierte de que si no se lleva ya por la vía de urgencia al Consejo de Ministros el anteproyecto de ley que la ministra de Trabajo pactó en diciembre con los sindicatos será imposible que entre en vigor en el 2025.

Todos los ministerios

Los socialistas replican que antes de dar ese paso es preciso recabar el criterio de todos los ministerios económicos y elaborar un texto que pueda contar con el respaldo no solo de los aliados de la izquierda, sino también de Junts y el PNV, sin los que difícilmente podrá prosperar.

Con evidente malestar hacia la vicepresidenta segunda, alegan además que ellos no están «en el relato», sino en «hacerlo bien» y en construir un «equilibrio político» para que la norma supere los trámites parlamentarios. El argumento del necesario consenso político no convence aun así a la fuerza minoritaria de la coalición, que ha decidido asir este asunto como su principal bandera y, en un intento de sacar cabeza y superar su evidente declive político, buscar el cuerpo a cuerpo con el PSOE, como acostumbraba a hacer Podemos, hoy su gran rival. Los de Díaz aducen que la búsqueda de apoyos no explica que Economía no quiera llevar ya el asunto a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, paso previo al Consejo de Ministros, porque la negociación con el resto de partidos puede hacerse más adelante, dentro de unos meses, ya en el Congreso, como ha ocurrido con otros proyectos gubernamentales.

Urtasun denunció, en una entrevista en Rac 1, que lo que se está produciendo aquí es un «chantaje» de la patronal, en concreto, de los representantes de los empresarios catalanes, que condicionan a Junts y por extensión al PSOE. Censuró así unas declaraciones del presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, el pasado diciembre, cuando advirtió a los partidos de «la que se les vendrá encima si votan una reforma legislativa de estas características» que impone un aumento de los costes laborales, dijo, de 12.000 millones de euros.

Trapos sucios La ministra de Seguridad Social, Elma Sáiz, entró al trapo de sus socios para recriminarles que laven los paños sucios del Gobierno en público. «No entiendo las palabras gruesas, es más fácil la transmisión interna, el llamar por teléfono e intentar aclarar las cosas», dijo. Pero además defendió la importancia de «trabajar buscando consensos» también con los empresarios.

A pesar de que en octubre Yolanda Díaz puso sobre la mesa ayudas directas de hasta 6.000 euros a las pymes como medida para compensar la reducción de la jornada laboral, el borrador del anteproyecto que finalmente se pactó con los sindicatos no las contempla. Sáiz argumentó que «el Gobierno siempre acompaña a las empresas» y remarcó que «no solo trabaja por avanzar en protección social, sino que mira al tejido productivo». «Es —advirtió— un win-win».

El Congreso votará el 22 de enero las ayudas al transporte, la subida de pensiones y la tasa energética

El Congreso de los Diputados ha fijado para el miércoles, 22 de enero, el debate para la convalidación o derogación de los decretos que incluyen, por un lado, las ayudas al transporte público, la subida de las pensiones; por otro, el nuevo gravamen energético y, por último, la reforma para compatibilizar la pensión con un empleo.

Aunque estas normas ya están en vigor desde el pasado 23 de diciembre, cuando fueron aprobadas por el Consejo de Ministros, el Congreso tiene que decidir si los convalida o los deroga antes de que transcurran treinta días desde su promulgación, tal y como recoge el artículo 151 de la Constitución. Fuentes parlamentarias han confirmado que el día seleccionado para llevar los decretos al Pleno de la Cámara será el 22 de enero, casi al límite marcado por la legislación.

Como en anteriores votaciones, el Gobierno afrontará el debate de estos decretos con la incertidumbre de saber si prosperarán o decaerán, sobre todo con el del gravamen energético, pues PP, Vox, PNV y Junts lo rechazan.

Se trata de un nuevo gravamen temporal sobre las empresas energéticas para el 2025, que cuenta con bonificaciones para las compañías que inviertan en actividades de descarbonización y con el compromiso de convertirlo en un impuesto que puedan gestionar las haciendas forales.

«El voto es no»

A pesar de esto, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya dijo que por parte de su partido «el voto es no» al considerar que la tasa «rompe el principio de relaciones con las comunidades forales, tanto con la comunidad autónoma vasca como con Navarra».

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