El Gobierno intenta una solución exprés para Muface en la fecha límite de la licitación
ECONOMÍA
Este lunes vence el plazo para que las aseguradoras decidan si se presentan o no al nuevo concierto del sistema que cubre la sanidad de 1,5 millones de funcionarios y sus familias
24 ene 2025 . Actualizado a las 19:00 h.El tiempo se ha agotado y las opciones para mantener vivo Muface y la cobertura sanitaria que ofrece a 1,5 millones de funcionarios, también. El Gobierno decidió ampliar hasta este lunes 27 de enero el plazo para que las aseguradoras decidan si se presentaban o no al concierto para los próximos tres años (2025-2027).
Con el rechazo en firme de Adeslas y DKV, el Ejecutivo se ha visto obligado a ceder para intentar levantar la licitación, abriendo la puerta a compensar a estas compañías por las pérdidas que puedan sufrir por este servicio y que en total superan los 400 millones de euros, según estimaciones del sector.
De momento, solo Asisa confirma que sigue analizando los pliegos del concurso, mientras que Adeslas y DKV se mantienen en el no. Al menos en público y, tal vez, como una fórmula de presión. El ministro de Función Pública, Óscar López, ha asegurado este viernes que es «optimista» y que el Ejecutivo sigue trabajando para sacar adelante la licitación. «Hemos hecho el mayor esfuerzo de la historia de Muface», apuntó en referencia a la mejora de las primas propuesta en los pliegos, que implica unos 1.000 millones de euros extra en tres años respecto al anterior concierto (de dos años de duración).
«Estamos trabajando intensamente y buscando una solución», indicó López durante una entrevista en Onda Cero. «Estamos viendo y explorando fórmulas», añadió, recordando que, en todo caso, los mutualistas siguen cubiertos por la ley de contratos públicos. «Estoy casi convencido de que vamos a conseguir el acuerdo», sentenció.
No habrá recurso
Quien se ha echado a un lado en plena batalla por el futuro de Muface ha sido la asociación de médicos Unipromel. Lo hacen tras el mazazo judicial del pasado mes de diciembre, cuando el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales rechazó los argumentos de la organización para exigir que paralizase los acuerdos sellados con las aseguradoras para prestar asistencia médica a jueces y militares. Los profesionales denunciaron entonces que las tarifas que se les pagaban seguían congeladas y no cubría los servicios esenciales.