Los partidos tantean un pacto por la Justicia que la salve de su situación crítica. Pero sin demasiado convencimiento
25 abr 2019 . Actualizado a las 05:00 h.No es casual que en este artículo se unan las propuestas de los partidos para mejorar la Administración de Justicia con las medidas para luchar contra la corrupción. Existe una corriente conspiratoria que relaciona la falta de medios judiciales con el interés de ciertos lobbies políticos por no sentirse vigilados en esa gran etapa de la corrupción que va desde los noventa hasta los primeros años del siglo XXI y que afectó al PP, al PSOE y a la antigua Convergencia de Pujol y Mas, aunque casi todos los partidos tienen alguna experiencia inconfesable. «No hay partidos corruptos», suele decir Pablo Casado, «sino corruptos que se meten en los partidos». Es una forma de verlo, aunque los dos protagonistas del bipartidismo extinto -socialistas y populares- se vieron inmersos en procedimientos judiciales que cuestionaban la limpieza de su financiación, y en eso parece que se necesitan algo más que individuos aislados.
Así, el PP no menciona la palabra corrupción en su programa, pese a que fue una sentencia sobre este asunto la que motivó la moción de censura a Mariano Rajoy. En realidad da la impresión -al menos en el devenir de la campaña- de que el problema de la corrupción en España se terminó con ese cambio en el Gobierno. Pero hay que ser realistas. Sigue ahí, aunque quizás el efecto disuasorio de las operaciones anticorrupción ha rebajado la impunidad. La próxima sentencia relevante en este sentido -la de los EREs- afectará de lleno al PSOE si es condenatoria.
Sí mencionan los populares una reforma de la financiación de los partidos para que las cuentas sean más transparentes, pero casi no cuestionan en el ámbito de la Justicia las controvertidas decisiones de Rafael Catalá cuando estaba al frente de esa cartera ministerial. Apenas recogen referencias genéricas a fortalecer la independencia judicial a través de la reforma de la ley orgánica, con el objeto de «recuperar» el espíritu original de la Constitución, dejando que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos directamente por jueces y magistrados, una propuesta similar, con matices, a la de Ciudadanos, uno de los partidos que, junto a Unidas Podemos, acumula más propuestas relacionadas con la lucha contra la corrupción. Quieren incluir en el Código Penal el enriquecimiento injustificado de cargos públicos, promulgar una ley para proteger a los denunciantes y prohibir los indultos a políticos condenados por corrupción, pero también por rebelión y sedición. Como Podemos, prometen acabar con los aforamientos políticos, mientras que el PSOE los mantendría para la actividad propia del cargo político e insiste en aprobar una ley integral de lucha contra la corrupción, así como un código ético para cargos públicos.
Los socialistas recogen una de las obsesiones de Podemos al anunciar una legislación más efectiva para evitar el fenómeno de las puertas giratorias, lo que los de Pablo Iglesias llaman «bailar pegados», en referencia a la connivencia del poder político con el económico. Aseguran que la corrupción «nos roba» cada año 90.000 millones, sin proporcionar la base de cálculo de tamaña cifra. De ahí que eleven el nivel de compromiso político y hablen de un Plan Nacional contra la Corrupción.
Más pactos
El PSOE plantea otro pacto de Estado, esta vez para reformar la Justicia y modernizarla, una asignatura pendiente a lo largo y ancho de la restauración democrática. También modificarán la normativa del PP sobre jurisdicción internacional. En el caso de Vox, destaca su propuesta -no se sabe si lo suficientemente meditada- de suprimir el Tribunal Constitucional. Sus funciones las asumiría una sexta sala del Tribunal Supremo.
El BNG propone una inhabilitación «directa» de aquellos cargos públicos que cometan fraude fiscal y, en el ámbito judicial, quieren que el gallego sea la lengua preferente. En Marea habla directamente de la «eliminación» de la corrupción (así de fácil), que ve como un síntoma más «do esgotamento» de lo que denominan régimen del 78, cuya Constitución ahora reivindica Pablo Iglesias.