La agresión al presidente del Gobierno es absolutamente intolerable, inaceptable, rechazable y condenable. Y de ninguna manera se puede minusvalorar ni se pueden poner paños calientes. Cierto que en el contexto de un acto electoral, especialmente cuando se está buscando la cercanía con la gente, el riesgo de que cualquier perturbado, o no, cometa un ataque como el de ayer es muy elevado. Y la responsabilidad de los servicios de seguridad del presidente es evitarlo, aunque ciertamente no existe el riesgo cero.
Pero lo grave, lo preocupante es que un chaval de 17 años pueda desparramar su agresividad en las redes sociales durante un año sin que nadie en su entorno lo detecte. No se puede mirar hacia otro lado ni reír la gracia a quien ya amenazó con atentar contra la sede del PP y un año después ataca al presidente. Antes que la respuesta penal, ha fallado la educación y la vigilancia familiar. Demuestra, además, que hay que tomarse en serio el exceso de violencia verbal que puebla las redes y que se jalea con demasiada alegría sin atender a posibles consecuencias.
Y así como no se puede minimizar lo ocurrido, tampoco se puede caer en el exceso de hacer interpretaciones políticas de lo sucedido, ni en un sentido ni en otro.