Tras años de inversión en obra pública, llega momento de compensar a los territorios más aislados
23 sep 2016 . Actualizado a las 08:06 h.Galicia afronta en la próxima legislatura la era pos-AVE, no porque el nuevo acceso ferroviario vaya a terminarse en el 2018 como se comprometió, pues ya es un plazo casi imposible por los parones en las obras y el retraso en la tramitación de los 17 kilómetros de la variante de Ourense. Esta etapa pos-AVE implica que, aunque no se termine la línea en el plazo previsto, su finalización es irreversible, y permite pararse a pensar en otros objetivos que quizás quedaron a un lado por la prioridad de la conexión con Madrid y la del eje atlántico, ya en servicio entre A Coruña y Vigo. Y como el tren es competencia estatal -aunque la Xunta presiona para que haya avances- es el momento de plantearse un modelo de movilidad que llegue a las zonas olvidadas por el gran desarrollo de las infraestructuras que se produjo en los últimos veinte años, primero con las autovías de la Meseta y después con las vías de alta capacidad interiores y el desarrollo de ferrocarril de altas prestaciones. Toca acordarse de la periferia de la periferia.
Recientemente, el Observatorio del Transporte proporcionó unos mapas de accesibilidad -que se muestran en el gráfico de esta página- en los que quedaba patente cuáles son los territorios que han quedado descolgados del desarrollo de infraestructuras que pretendía equiparar a Galicia con el resto de los territorios de España. Así, A Mariña, Ortegal y la Costa da Morte figuraban como las comarcas más alejadas de las vías de alta capacidad y de las estaciones ferroviarias. Los otros territorios son el interior de la provincia de Pontevedra y el sur y oeste de la de Ourense, zonas mucho menos pobladas que las primeras y, por tanto, con menos urgencias de movilidad. Aunque no por ello hay que olvidarlos.
Así, la Xunta que salga de estas elecciones podría retomar con seriedad el maltratado corredor norte para vertebrar Ortegal y A Mariña, y ejercer presión para que Fomento haga lo propio con la A-82 entre Barreiros y San Cibrao, para compensar el desvío hacia Vilalba de la autovía del Cantábrico. Hay áreas en Ortegal que están a 50 minutos de una vía de alta capacidad.
En la Costa da Morte, donde acaba de inaugurarse un tramo de la largamente postergada autovía, también se precisaría agilizar su continuidad hacia Vimianzo e incluso Cee y Corcubión. El desdoblamiento del corredor de O Morrazo también es prioritario.
El ferrocarril, aunque necesario en estas zonas, no es tan perentorio. Sería necesario ejecutar nuevos trazados -para conectar Carballo con A Coruña, por ejemplo, o A Mariña con Lugo y Monforte, enlace que plantea algún partido- y las arcas públicas no están lo suficientemente recuperadas. En cualquier caso, sí que se podría debatir la creación de un ente ferroviario gallego para favorecer a las ciudades que se quedaron descolgadas de la red interna de alta velocidad, principalmente Ferrol y Lugo, y las grandes áreas metropolitanas. Esta empresa podría alquilar material rodante a Renfe y proporcionar servicios con un coste asumible, en aquellos espacios que deje desasistidos Renfe o las operadoras que se animen a entrar en el negocio ferroviario liberalizado. Pero quizás la Xunta no pueda de momento afrontar presupuestariamente un proyecto que plantean varias formaciones políticas.
El futuro de la AP-9
La competencia autonómica sobre la AP-9 también será objeto de debate en la legislatura que se abrirá tras el 25S. Es un asunto sobre el que hay consenso entre todos los grupos políticos y, aunque los argumentos de Fomento son de peso -se trata de un enlace internacional de interés general-, su gestión en la cercanía cobra aún más sentido al encontrarse en un proceso de venta. La vigilancia de los plazos de las obras de ampliación también tendría que estar en la agenda.
El otro gran reto es mejorar la movilidad en las ciudades y sus accesos, compaginándolo con una red de carriles bici segura y conectada.
En su programa
Ethel Vázquez (PP)
Vertebración con eficiencia y sostenibilidad. La candidata y conselleira de Infraestruturas cree que Galicia «precisa seguir avanzando na vertebración do territorio pero afondando no novo modelo de infraestruturas eficientes, útiles e sostibles que teñan acreditada a súa contribución ao progreso e a rendibilidade social». Ethel Vázquez cree que las inversiones deben guiarse, ante todo, por el objetivo de la seguridad viaria. El PP también defiende la transferencia de la AP-9 y la AP-53, así como un nuevo modelo tarifario para los peajes.
Abel Losada (PSdeG)
Plan de travesías para peatones y ciclistas. El cabeza de lista del PSOE por Pontevedra cree es preciso terminar «as conexións de alta velocidade pendentes» y acabar los proyectos viarios ya iniciados dentro del Plan Director de Estradas, al tiempo que sugiere un ente gallego de ferrocarriles. Plantea una ley y un plan para los puertos gallegos y propone otro de travesías «para unha circulación segura de peóns e ciclistas». Coincide con otras fuerzas políticas en la necesidad de transferir la AP-9 y otras vías de titularidad estatal.
Antón Sánchez (En Marea)
Titularidad pública para la AP-9. El cabeza de lista por A Coruña asegura que demandarán «a titularidade pública da AP-9 e a súa transferencia á Xunta». «Cremos que Galiza precisa un ente ferroviario propio que asuma servizos como Ferrol-A Coruña o Pontevedra-Vigo», afirma Antón Sánchez, que ve necesario racionalizar el gasto en infraestructuras.
Noa Presas (BNG)
Galtrén, un ente ferroviario gallego. La número 1 por Ourense cree que la prioridad debe ser «mellorar a seguridade viaria para acabar coa elevada siniestralidade». El Bloque plantea crear un ente ferroviario, Galtrén, «para potenciar os camiños de ferro interiores e de proximidade». Reclaman la transferencia «das autoestradas, empezando pola AP-9».
Cristina Losada (Ciudadanos)
Intermodalidad y reestructuración de peajes. La candidata de Ciudadanos defiende las estaciones intermodales y un enlace ferroviario para A Mariña. Aunque no plantea directamente la transferencia de la AP-9, sí propone reestructurar los peajes.