La llamada Operación Oliva es un dispositivo puesto en marcha por la Guardia Civil que comenzó con la denuncia interpuesta por la Agencia para el Aceite de Oliva, dependiente del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que apuntaba al cobro irregular de subvenciones en varias provincias andaluzas y que fue presentada ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Las investigaciones de la Guardia Civil se centraron en las campañas 97/98 y 98/99, y señalan que se produjo un fraude de 52 y en 65 millones de pesetas, respectivamente. Estas investigaciones de la Operación Oliva sobre hechos relacionados con el fraude en las ayudas de la UE a la producción del aceite de oliva se han saldado ya con un total de 64 detenciones practicadas en diversos pueblos de las provincias de Granada, Jaén, Almería, Córdoba, Sevilla y Málaga, en diversas operaciones llevadas a cabo desde el año 1999.