Caldera pide a Aznar que no condicione a la Fiscalía y Arenas habla de cacería PSOE, IU y el Partido Socialista de Mallorca se querellarán en setiembre ante el Supremo contra el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, por el «caso Formentera». El portavoz del PSOE, Jesús Caldera, instó al presidente del Gobierno a no entorpecer la labor de la Fiscalía de Baleares. El secretario del PP, Javier Arenas, afirmó que «estamos ante una nueva cacería» socialista.
07 ago 2001 . Actualizado a las 07:00 h.El secretario de Organización del Partido Socialista de Baleares (PSIB), Damiá Cánovas, anunció ayer que en la primera quincena de setiembre presentarán una querella contra el ministro Jaume Matas y la diputada Rosa Estarás. Lo hará de forma conjunta con sus socios de gobierno en la comunidad, los nacionalistas del PSM y Esquerra Unida. Cánovas confirmó que en la querella acusarán al ministro de ser el principal urdidor del caso Formentera. Explicó que el caso tendrá que pasar al Tribunal Supremo, lo que debería haber ocurrido ya porque el presidente del PP en Baleares, el propio Matas, y Estarás deberían estar ya imputados. Sobre la imputación del número dos del PP, Josep Juan Cardona, apuntó que «nadie se cree que sea el único y máximo responsable» de la supuesta manipulación del censo electoral y la malversación de fondos. El dirigente de los socialistas baleares dijo que «nos encontramos ante un caso más grave que el del túnel de Sóller». Para Cánovas, el PP tiene «graves problemas» y «quizás necesitaría una renovación profunda». El portavoz parlamentario del PSOE, Jesús Caldera, exigió a José María Aznar que «no obstaculice» el trabajo de la Fiscalía porque «si se confirma que el PP compró con dinero público la voluntad de los ciudadanos, nos encontraríamos ante un atentado contra la democracia de extraordinarias consecuencias políticas y habría que exigir responsabilidades». Emplazó a Aznar a actuar en coherencia con las ofertas de «regeneración democrática» y matizó que no cree conveniente que actúe el fiscal general del Estado, dado que «seguramente sería relevado del caso el fiscal Antonio de Vicente y a este paso nos quedaríamos sin fiscales».