Considera que utilizar viajes institucionales para captar voto emigrante para el propio partido no es delito La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a que el Tribunal Supremo asuma la competencia del llamado «caso Formentera», al considerar que la querella presentada hace dos semanas por PSOE e IU contra el ex-presidente del Gobierno balear y ahora ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y otros dirigentes del PP mallorquín carece de base jurídica y se basa en «meras especulaciones». Por este motivo, plantea que la investigación se complete dentro del Tribunal Superior de Justicia balear, como estaba previsto.
20 dic 2001 . Actualizado a las 06:00 h.Según fuentes del Ministerio Público, el teniente fiscal del alto tribunal y número dos de la carrera, José María Luzón, considera que el supuesto uso por parte del anterior Ejecutivo balear de viajes oficiales -cuyo objetivo era la promoción de las islas en Argentina y Uruguay- para buscar el voto de los inmigrantes en los comicios autonómicos no supone ninguna actuación ilícita, ni delito electoral ni malversación de caudales públicos. En su opinión, esta propaganda de un partido político concreto a través de las instituciones merecería en todo caso «un reproche ético o estético». En cuanto al papel concreto de las dos personas aforadas contra las que se dirigía la querella, el ministro Jaume Matas y la diputada del PP Rosa Estarás -ex-consejera de Presidencia del Gobierno autonómico-, advierte que aunque se pudiera evidenciar su relación con los viajes electorales, no hay indicios que les impliquen en las presuntas irregularidades cometidas en el censo de Formentera que ya investiga la justicia ordinaria. Idéntica afirmación hace sobre los delitos de falsedad y asociación ilícita que también se les imputaban, al no ver pruebas de su posible participación en ellos. Sospechas Sin embargo, el escrito acusatorio presentado por las fuerzas progresistas baleares sostiene que el anterior Ejecutivo del PP llegó a ofrecer pensiones, ayudas y hasta facilidades para adquirir propiedades inmobiliarias en la isla a inmigrantes españoles residentes en Argentina y Uruguay en su calidad de potenciales votantes para las elecciones autonómicas y locales de junio de 1999. Según esos partidos, la mayoría de esas personas jamás había estado inscritas en un censo electoral de España ni tenían relación con Formentera.