Llamazares denuncia el espionaje a partidos políticos y compara el caso con el escándalo del Watergate Los republicanos llevan el caso ante el Tribunal Superior de Cataluña
29 ene 2004 . Actualizado a las 06:00 h.Pasada la tormenta política en torno a la entrevista con ETA del ex conseller en cap de la Generalitat, Josep Lluis Carod Rovira, PSOE y ERC están dispuestos a emprender ahora la batalla judicial en contra del Gobierno por lo que consideran una utilización ilícita de los servicios secretos. El secretario general socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, reclamó ayer a la Fiscalía que intervenga para investigar la instrumentalización que el Gobierno ha hecho del CNI «para atacar al adversario». Zapatero pide también una investigación en el Parlamento, cree que tras lo sucedido «está en juego la credibilidad de instituciones públicas muy importantes en democracia». Según explicó, el Gobierno y el secretario general del PP, Mariano Rajoy, «han dejado claro que conocían la reunión», por lo que «deben dar explicaciones públicas». Zapatero estableció un paralelismo entre la entrevista de Carod con ETA, que generó las oportunas responsabilidades políticas, y la difusión de una información de los servicios secretos, que debe dar lugar también a una «depuración». ERC también acudirá a los tribunales. El portavoz del partido, Joan Ridao, y su diputado en el Congreso, Joan Puigcercós, han reclamado para hoy una entrevista con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para trasladarle lo que consideran una «utilización impropia de los servicios de inteligencia del Estrado». ERC estima que se ha producido un delito por parte del Gobierno y también por otras autoridades y funcionarios públicos al revelarse una información clasificada. Aunque ERC admitió que no se querellará porque le faltan pruebas, presentará los datos a la fiscalía para que «actúe si lo cree conveniente». Tratado de Schengen ERC pedirá además que se investigue por qué no se detuvo a los etarras que se reunieron con Carod. A su juicio, ha habido una «omisión del deber de impedir delitos o de promover su persecución», dado que las fuerzas de seguridad españolas podrían haber actuado en Francia en virtud del Tratado de Schengen. IU presentó por su parte un escrito ante la Fiscalía General del Estado para que se investigue la actuación del Gobierno y del CNI por las posibles «filtraciones» de información clasificada, el «seguimiento» de dirigentes políticos y la «infiltración» de agentes del CNI en organizaciones políticas. En opinión de su coordinador general, Gaspar Llamazares, el asunto se asimila al caso Watergate que obligó a dimitir al presidente de EE. UU. Richard Nixon cuando un grupo de periodistas demostró que había utilizado los servicios de la Casa Blanca para espiar a sus adversarios político