Análisis
04 dic 2004 . Actualizado a las 06:00 h.El trasfondo de la agria disputa en la reforma del sistema de nombramientos en la judicatura es una lucha política por controlar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y la elección de los magistrados del Tribunal Supremo y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas. La clave de las prisas está en que el Ejecutivo quiere que los cambios entren en vigor antes de que el CGPJ elija a nueve magistrados del Tribunal Supremo y al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Estas elecciones tendrán lugar antes del 31 de enero, lo que deja un margen muy justo, sobre todo después de que la ausencia de 18 diputados socialistas impidiera que saliera adelante en el Congreso el pasado 25 de noviembre. Si el Gobierno consigue su objetivo, como es de esperar, estos magistrados que ocuparán puestos de máxima relevancia necesitarán para ser designados una mayoría de tres quintos (13 de los 21 miembros del CGPJ), en lugar de la simple (11) que se requiere actualmente. La composición actual del órgano de gobierno de los jueces es la siguiente: 11 magistrados nombrados a propuesta del PP, seis del PSOE -tenía siete, pero la plaza del ahora ministro José Antonio Alonso ha quedado vacante-; uno independiente, elegido por consenso entre los dos partidos mayoritarios; uno de IU; y uno de CiU. Es decir, que, tal y como están las cosas ahora, basta con que los 10 jueces del CGPJ elegidos a propuesta del PP y el presidente, también conservador, se pongan de acuerdo para que nombren a quien quieran. Cuando la reforma obtenga la luz verde definitiva hará falta que se llegue a un consenso para cubrir las plazas. Para evitar que los magistrados conservadores impongan su ley, el Gobierno comenzó una desenfrenada carrera el 15 de octubre pasado cuando aprobó el proyecto, contando con el rechazo expreso de la mayoría conservadora del CGPJ. La explicación gubernamental es la siguiente: «La nueva fórmula de nombramientos busca hacer efectivo el principio de pluralidad» y evitar la «tentación, ahora y en el futuro, de elegir conforme al criterio de una mayoría estable, pero institucionalmente insuficiente». Se trata de que no se aplique de forma automática «la aritmética de un grupo».