Los tribunales superiores de las comunidades serán la última instancia para los recursos Para el PP, la modificación de la ley supone una cesión a los nacionalismos
15 jul 2005 . Actualizado a las 07:00 h.El Consejo de Ministros inició ayer la reforma judicial con la presentación de dos anteproyectos de ley que, una vez aprobados por el Parlamento, modificarán la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de la Administración de Justicia. La reforma incide en la modificación de la organización judicial mediante la creación de los juzgados de proximidad y de los Consejos de Justicia de las comunidades autónomas. También deja a los tribunales superiores de las comunidades como última instancia para los recursos ordinarios. El objetivo de esta reforma, según anunciaron ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y el ministro de Justicia, José Fernando López Aguilar, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, es adaptar la Justicia española al Estado de las Autonomías y conseguir que sea «de calidad, rápida y cercana a los ciudadanos». La reforma afecta principalmente a la cúspide del sistema: el Tribunal Supremo. El anteproyecto intenta descargarle de casos para que se ocupe de unificar la doctrina y garantice la igualdad jurídica en la aplicación del ordenamiento estatal. Esto lo conseguirá con una nueva configuración de los recursos de casación (última instancia). Así, sólo se ocupará de sentenciar sobre las infracciones que se produzcan en la aplicación del ordenamiento jurídico del Estado y sobre las discrepancias entre órganos judiciales inferiores. El resto de los casos judiciales serán tratados en los tribunales superiores de cada comunidad, que será la última instancia en lo civil, penal y contencioso administrativo. Además, estos ejercerán de última instancia en materia de derecho especial o foral en las autonomías en que existan normas particulares. Otro de los aspectos más novedosos de la reforma es la creación de los consejos de justicia autonómicos, la medida más polémica. López Aguilar aclaró que sus atribuciones estarán limitadas y nunca invadirán las competencias exclusiva del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como son los nombramientos, ascensos, inspecciones y régimen disciplinario de los jueces. Estos consejos serán órganos colegiados que realizarán las funciones que ahora hacen las salas de gobierno de los tribunales superiores de justicia autonómicos. Es decir, organizarán el trabajo, repartirán los casos y designarán vacantes, entre otras tareas. El ministro aseguró que esta reforma será sometida a informes del CGPJ y la Fiscalía del Estado, así como que será consultada con las asociaciones judiciales. Quien ayer ya se mostró en contra de la reforma fue el PP, quien por boca del responsable del área de Justicia, Ignacio Astarloa, advirtió de que ofrecerá la «oposición más férrea posible». Sostuvo que las propuestas del Ejecutivo suponen una cesión a los nacionalismos y ponen la «primera piedra» para la ruptura de la unidad de la Justicia. «Los españoles dejaran de ser iguales ante la ley si se convierte a los tribunales superiores de justicia de las autonomías en la última instancia», resaltó Astarloa.