La fiscalía se querella contra ex altos cargos del Gobierno de Pujol por malversación de fondos
ESPAÑA
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) presentó ayer una querella por malversación de fondos públicos contra dos directivos de la empresa pública Adigsa durante la última etapa de gobierno de Jordi Pujol, y contra otras seis personas que podrían haber cobrado comisiones ilegales por adjudicar obras públicas. Adigsa, que es la empresa de la Generalitat encargada de la promoción y rehabilitación de vivienda social, había sido objeto de duras críticas durante la anterior legislatura por parte de la oposición a Pujol, que denunciaba que el desvío de fondos públicos servía para el enriquecimiento de los implicados y la financiación ilegal de CiU. El fiscal jefe del TSJC, José María Mena, anunció que la querella se dirige contra Ferran Falcó, ex presidente de Adigsa; Josep Anton Fondevila, militante de CDC y ex consejero delegado de la empresa, acusado de adjudicar obras a constructores al margen de los mecanismos legales de adjudicación; Jordi Huguet, ex jefe del Área Técnica del organismo público; José María Penin, también militante de Convergencia y pariente lejano del actual portavoz de CiU en el Parlamento; Felip Puig, y los empleados de la Generalitat Xavier Salas y Jorge Honrubia, cuñado de Penin. Mena acusa a estas personas de estar implicadas en una trama de cobro de comisiones ilegales entre los años 2002 y 2004 por adjudicación de obras públicas, así como de fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad documental. La Fiscalía del TSJC imputa también a los constructores Ángel Egido y José Antonio Salguero, denunciante este último de las irregularidades. La Fiscalía inició la investigación de esta trama el 25 de febrero, cuando José María Mena ordenó la apertura de diligencias después de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, denunciara implícitamente en el Parlamento autonómico el cobro de comisiones ilegales en la adjudicación de obras públicas bajo el gobierno de CiU. Mena aclaró, sin embargo, que en la querella no hay ninguna referencia a la polémica del famoso «3%», porque «la Fiscalía no se ha encontrado en condiciones de formular ninguna acusación».