Aunque Alberto Ruiz-Gallardón niega cualquier responsabilidad política en el caso de la operación Guateque, la trama organizada por funcionarios municipales dentro del Ayuntamiento que otorgaba licencias de apertura de locales a cambio de hasta 20.000 euros, el PSOE le está poniendo cerco. Ayer, su portavoz municipal, David Lucas, dio a conocer dos cartas de un matrimonio, dueño de dos bares en la zona de Huertas, enviadas al alcalde de Madrid en noviembre del 2005. En la primera de las misivas, con fecha del día 7, ambos denunciaban que habían sufrido amenazas y un «acoso masivo por parte de la Policía Municipal» -traducido en 285 inspecciones- tras haberse negado a pagar al técnico jefe del departamento de Industria para que les facilitasen por escrito las licencias que ya tenían. Esto les impedía, según dicen, que la Comunidad de Madrid les expidiera el cartel identificativo de uno de sus locales. La alcaldía recibió la carta tres días después, según el acuse de recibo que el Ayuntamiento remitió al matrimonio.
En la segunda misiva, con fecha del día 22, relataban que habían recibido una orden de cese y precintado de uno de sus locales, además de la denegación de las licencias del mismo, y una notificación por la cual se dejaba sin efecto el cambio de titularidad del otro, tres años después de que se les hubiera otorgado.
Además, el sindicato Manos Limpias denunció en cuatro ocasiones, en cartas dirigidas al alcalde, la primera en marzo del 2005, que sospechaba que se estaban produciendo irregularidades en la concesión de licencias. La sospecha se basaba en la «infinidad» de quejas que había recibido de dueños de locales a los que se clausuraba el negocio pese a tener la licencia de actividad y estar a la espera de la de funcionamiento, que se otorga con varios meses o incluso años de retraso. En septiembre, Manos Limpias apuntaba directamente a las concejalías de Urbanismo y Medio Ambiente, y a determinadas juntas de distrito, cuyos funcionarios finalmente se han visto implicados.
Auditoría interna
El portavoz socialista David Lucas exigió ayer una auditoría interna del Consistorio que «depure» a todos los implicados, además de registrar la solicitud de un pleno extraordinario en el que comparezcan las delegadas de Urbanismo, Pilar Martínez, y de Medio Ambiente, Ana Botella. Lucas pidió también que la comisión de investigación para esclarecer el caso comience sus trabajos al día siguiente de la sesión plenaria. Gallardón aceptó la comisión, pero solo cuando se levante el secreto del sumario decretado por el juez Santiago Torres. El socialista consideró que esto «no es de recibo», porque lo que pretende el PSOE es «depurar las responsabilidades políticas». Los socialistas consideran que el hecho de que la última firma para conceder una licencia esté en manos del gerente o el concejal de área -ambos cargos políticos- hace que el gobierno de Gallardón no se pueda escudar en que la trama solo afecta a funcionarios.
El portavoz de IU, Ángel Pérez, aseguró que las denuncias y cartas dirigidas al alcalde en las que se advertía de casos de corrupción evidencian que en la trama hay «responsabilidades políticas».