El ex dirigente del PNV, imputado en la investugación sobre la red de extorsión de ETA, ha subrayado que «siempre» recomendó «hacer frente al chantaje etarra».
16 may 2008 . Actualizado a las 15:16 h.El ex dirigente del PNV Gorka Agirre ha asegurado hoy al juez Baltasar Garzón que «jamás» ha actuado como mediador de ETA en el pago del impuesto revolucionario, ni ha negociado con la banda armada, y ha recalcado que «siempre» ha recomendado «hacer frente al chantaje etarra».
La defensa de Agirre, que ha pedido la revisión de su situación procesal por estar imputado en la investigación que se sigue sobre la red de extorsión de ETA, ha subrayado que el pago de dinero a la organización terrorista «era motivo de expulsión» del PNV.
Esta era la respuesta que el ex miembro del Euskadi Buru Batzar (Ejecutiva del PNV) daba a los empresarios que recibían cartas de extorsión de ETA y que acudían a él a pedirle consejo, de acuerdo con la versión que su abogada, Arantxa Isasmendi, ha ofrecido a los periodistas. Agirre, que ha declarado ante el juez durante 45 minutos, ha vuelto a negar que entregara a ETA una cantidad de 54.000 euros procedente del chantaje a dos empresarios navarros en abril de 2006, como le acusó la Policía, y ha insistido en que, pese a los «suficientes indicios» que las Fuerzas de Seguridad tenían de que él no había efectuado ese pago, mantuvieron la acusación.
La abogada de la asociación Dignidad y Justicia, personada en esta causa como acusación popular, ha explicado que Agirre ha reconocido que algunos empresarios acudían a él para que verificara la autenticidad de las cartas de ETA y que les aconsejaba no pagar el «impuesto revolucionario» y ponerse en contacto con el departamento de Interior del Gobierno vasco para denunciarlo.
Los empresarios se dirigían al que fuera responsable de las relaciones internacionales del PNV porque, según ha contado su defensa, había vivido mucho tiempo en el exilio, en el País Vasco francés, y por ello conocía a muchos militantes de ETA, además de otras personas relacionadas con otras organizaciones políticas en aquellos momentos clandestinas. Agirre está dispuesto, según ha dicho al juez, a hacer una prueba de voz para comprobar si ésta corresponde con las grabaciones que tiene la Policía en relación con su presunta intermediación en el chantaje terrorista.
Antes de la comparecencia de Agirre, ha pasado por el despacho de Garzón el empresario guipuzcoano José Ramón Araolaza, cuya declaración había sido fijada para el lunes pero que se ha realizado hoy por motivos de agenda, y ha manifestado que él remitía a Agirre a otros industriales amigos suyos que recibían las cartas de ETA porque «confiaba en él». Y lo hacía porque, según la abogada de Dignidad y Justicia, el ex dirigente del PNV le prestó «apoyo moral» cuando la banda terrorista asesinó a su cuñado y secuestró a su socio en 1985.
En relación con la revisión de la situación procesal de Agirre, el lunes prestarán declaración como testigos, también a petición de la defensa de Agirre, el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, el ex presidente Xabier Arzalluz y el responsable del partido en Guipúzcoa, Joseba Egibar. El periodista Gorka Landaburu, que perdió varios dedos y la vista en un ojo en un atentado de ETA con paquete bomba en 2001, y su hermano Ander, también periodista, declararán el próximo 27 de mayo.
El juez Garzón tiene abiertas tres investigaciones en relación con el aparato de extorsión de ETA, una general que se centra en las cartas que ETA enviaba a los empresarios para reclamarles el «impuesto revolucionario», en la que están imputados Gorka Agirre y otra veintena de personas.
También investiga el papel que desempeñaba en este entramado el bar Faisán, situado en la localidad fronteriza de Irún y propiedad de la familia Elosua, donde al parecer se citaban varios de los imputados en la causa.
Los otros dos sumarios se han separado del sumario general y uno de ellos se refiere a las cuentas de la banda en el extranjero y el otro al llamado «chivatazo a ETA» que alertó a la organización terrorista sobre una operación policial contra su red de chantaje.