El Consejo General del Poder Judicial y el presidente José Luis Rodríguez Zapatero arremetieron ayer contra la decisión de una parte de los jueces, que su órgano de gobierno consideró «una minoría», de convocar una jornada de huelga para el próximo 18 de febrero sin esperar siquiera a conocer el resultado de la reunión que el lunes mantendrán las asociaciones judiciales con el ministro Fernández Bermejo.
El órgano de gobierno de la magistratura cuantificó ayer en 820 de un total de casi 4.000 jueces (un 20% de la carrera judicial) los que han optado por sumarse a la convocatoria de huelga inmediata, una decisión que el Consejo dice que «no puede sino lamentar», ya que se trata de unas medidas de presión «que entendemos precipitadas y que podrían dejar indefensos a los ciudadanos».
El Consejo, que considera «difícilmente comprensible una postura tan drástica en esta etapa crucial de negociación», la contrapone a la «vía de la responsabilidad institucional» adoptada por «la inmensa mayoría» de los magistrados, los de las 25 provincias que han optado por dar un margen de cinco meses a las negociaciones con el Ministerio de Justicia, aunque presionarán con actos simbólicos de protesta el 18 de febrero e irán a la huelga el 26 de junio en caso de que el proceso de reforma judicial no avance según sus exigencias.
Pese a la amenaza, la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, aseguró: «No contemplamos un escenario» de paro laboral, ya que confía en que la reunión del lunes sirva para encauzar la situación.
El malestar era también evidente en el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, quien se quejó de que se convoque una huelga en pleno proceso negociador y antes de que concluya el diálogo. «No me parece el camino lógico», manifestó el presidente, quien reiteró que «primero se dialoga y luego, en todo caso, se toman las decisiones».
En línea con lo expresado hasta ahora por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega, Rodríguez Zapatero atribuyó la convocatoria de los jueces a una respuesta corporativista a raíz de la polémica generada por la sanción al juez Rafael Tirado. «No valoro las causas -dijo el presidente sobre las razones de la convocatoria de huelga-, lo único que sé es la secuencia de los tiempos, y es que esto no había sucedido hasta que no hemos tenido el debate en torno a la responsabilidad del juez Tirado».
El PP, que hasta ahora ha defendido las reclamaciones de los jueces, aunque ha criticado la huelga, amplificó ayer el debate político sobre la situación de la Justicia al reclamar la comparecencia urgente de Fernández Bermejo en el Congreso para dar explicaciones sobre la convocatoria de huelga. El portavoz popular en materia judicial, Federico Trillo, instó al ministro a cambiar de actitud, ya que, dijo, sus declaraciones complican el acuerdo. La petición popular coincidió con otra en el mismo sentido de ERC y de IU.
Las asociaciones de fiscales se desmarcaron de la protesta de los jueces. Las tres asociaciones mayoritarias en el ministerio público suscribieron ayer un documento conjunto con las reclamaciones que plantearán el próximo miércoles al ministro.