Primero fue la captura del sanguinario general Augusto Pinochet a su paso por Londres. Todo un hito en la puesta en práctica del principio de justicia universal, por el cual se permite juzgar en cualquier país delitos de lesa humanidad como los de genocidio o torturas. Algo que hasta entonces existía, pero solo sobre el papel. Casi todo el mundo aplaudió la valentía y la osadía del juez español que lo hizo posible.
Luego le tocó el turno a las juntas militares argentinas que sembraron el terror durante años en el país austral. Casi nada que objetar porque, en la práctica, no había otra forma de hacerle un mínimo de justicia a las víctimas.
A partir de ahí, la justicia universal se puso de moda en España y a las puertas de la Audiencia Nacional empezaron a llamar las víctimas de los genocidios de Guatemala, Ruanda, el Tíbet, el Sáhara, Gaza y unos cuantos más de los que ya hemos perdido la cuenta. Ahora, cuando ya se han apagado los ecos de la memoria histórica, y al abrigo del efecto Obama, aparece Guantánamo.
De nuevo resurgen las discrepancias públicas y privadas entre la Fiscalía y Garzón, el juez universal por excelencia, el mismo que procesó en su momento a los ahora denunciantes. Y ello en base, fundamentalmente, a la información obtenida por los policías españoles que viajaron en su día a Guantánamo.
A estas alturas, y con el atasco que sufren la mayoría de los juzgados españoles, más de uno se pregunta si estamos hablando de justicia universal o de justicia mediática.