Si nos atenemos a la versión oficial del Ministerio de Defensa, los 14 náufragos detenidos días pasados en aguas del Índico por el petrolero de la Armada Española Marqués de la Ensenada , y que resultaron ser piratas somalíes, serán entregados en cuestión de horas a las autoridades kenianas, que han recibido el encargo de la Unión Europea de ponerlos a buen recaudo para evitar que sigan cometiendo fechorías propias de otros tiempos.
Ello, según los servicios de comunicación del departamento de Carmen Chacón, «después de que el juez central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu, respondiera positivamente a una petición del jefe de Estado Mayor de la Defensa -el ourensano José Julio Rodríguez-, para entregar a los piratas a las autoridades kenianas».
Esta versión del feliz desenlace de un conflicto que nunca debió de haber existido es, según informaciones recogidas en distintas fuentes judiciales, una verdad a medias que oculta algo evidente, a poco que se analice con un mínimo de objetividad la cronología de los hechos: la metedura de pata del jefe del Estado Mayor y la descoordinación, una vez más, entre los ministerios que dirigen Carmen Chacón y Miguel Ángel Moratinos, más conocido en el argot diplomático como el dinistro desatinos. Todo apunta a que fue Julio Rodríguez el que tuvo la infeliz idea de comunicar directamente a la Audiencia Nacional -primero a la Fiscalía y luego al juez de guardia- la presencia de los piratas a bordo del petrolero de la Armada española. Salvo superior criterio, también es lícito concluir que debiera corresponder al Ministerio de Asuntos Exteriores el informar a todos los departamentos implicados en la operación Atalanta que desde el pasado 6 de marzo estaba en vigor ese «canje de notas» entre la UE y el Gobierno de Kenia sobre «condiciones y modalidades de entrega de personas sospechosas de haber cometido actos de piratería y detenidas por la fuerza naval dirigida por la UE». Si no informó, malo. Si informó y los informados no se dieron por aludidos, peor.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el día que se presentó la denuncia el juez de guardia era Fernando Andreu, uno de los abanderados de la justicia universal cuyas relaciones con la Fiscalía no están pasando por su mejor momento, máxime tras sus reiteradas desavenencias en el caso Gaza.