Varias asociaciones pro derechos humanos instaron ayer al Senado a que rechace la reforma que limitará la actuación de la Audiencia Nacional en materia de jurisdicción universal, aprobada el 25 de junio en el Congreso de los Diputados.
En una rueda de prensa en Madrid, las organizaciones, entre ellas Comisiones Obreras, Amnistía Internacional y la Asociación de Mujeres Saharauis de España, presentaron un manifiesto suscrito por 26 colectivos en el cual defienden que la defensa de los derechos humanos «es una obligación absoluta», y la jurisdicción universal, «un instrumento de lucha contra la impunidad» de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en países que «no pueden o no quieren» investigarlos.
Según la presidenta de la Asociación de Mujeres Saharauis, Zara Randan, es «una vergüenza para los ciudadanos del siglo XXI que ciertos Gobiernos aprueben estas leyes cómplices de la injusticia». Por su parte, el presidente de la Fundación Salvador Allende España, Joan Garcés, aseguró que la reforma, que limita la actuación a casos en los que existan víctimas españolas o los responsables del delito se encuentren en España, ha venido impulsada por presiones políticas de Estados Unidos, Israel y China y no «para hacer más efectiva la ley», como sostiene el Gobierno. «Cuanto más de rodillas se pone España, menos respeto nos tendrán», dijo Garcés.