Solo podrán ser perseguidos los delitos cuyos autores residan en España o en los que haya víctimas españolas
16 oct 2009 . Actualizado a las 02:03 h.Era una muerte anunciada hacía meses y ayer se produjo su defunción definitiva. Ni el grito en el cielo de las asociaciones de derechos humanos ni la presión de los grupos de izquierda impidió que el Congreso, con los votos de PSOE y PP, recortase el principio de la jurisdicción universal que había convertido a la Audiencia Nacional en un «tribunal global».
El precepto legal, que tantos quebraderos de cabeza dio al Gobierno, pasó a mejor vida con más pena que gloria. De soslayo y politizado por un conflicto con Israel después de que en enero se abriera una causa contra su cúpula militar a raíz de un bombardeo en Gaza, la Cámara baja aprobó la reforma que limita su aplicación a los casos en que existan víctimas españolas o en que los responsables del delito residan en territorio nacional. Se pone así fin a una competencia jurisdiccional avalada por el Tribunal Constitucional en el 2005, cuando admitió el recurso presentado por la activista guatemalteca Rigoberta Menchu, para que la Justicia española investigara los crímenes durante la dictadura en su país.
La reforma del artículo que regula la competencia de los delitos de genocidio, lesa humanidad o terrorismo, contó con los votos de CiU, Coalición Canaria, Nafarroa Bai, UPyD y UPN. En contra se situaron PNV, BNG, ERC e IU. Ahora, los jueces solo podrán perseguir los delitos cuando exista algún vínculo de conexión relevante con España, una competencia que excluye los casos que ya estén siendo investigados en el país del delito o en un tribunal internacional. Además, se excluyen los crímenes de guerra, lo que frena cualquier futura investigación de la Guerra Civil española.
Para las organizaciones sociales agrupadas en una plataforma, la modificación es un golpe mortal que «consagra la impunidad». Pero el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, dijo que «bienvenida sea» la decisión del Parlamento, que su sala demandaba desde hace diez años, ya que la jurisdicción de la Audiencia Nacional era «excesivamente amplia».
Reforma judicial
El pleno del Congreso también aprobó ayer por unanimidad la reforma procesal para la implantación de la nueva oficina judicial que, según aseguró el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, permitirá igualar la Administración de Justicia a otros servicios públicos avanzados.
Caamaño agradeció el consenso alcanzado para lograr «que España cuente desde hoy con el marco legal necesario para hacer real un servicio público de la Administración de Justicia moderno, tecnológicamente avanzado y que se preste en plazos razonables», afirmó.