El Gobierno de Hugo Chávez ha decidido abrir una investigación sobre las actividades del colaborador de ETA Arturo Cubillas, nombrado por los miembros de la banda terrorista Xabier Atristain y Juan Carlos Besance como su instructor en Venezuela.
El canciller venezolano, Nicolás Maduro, comunicó anoche la decisión del Ejecutivo chavista al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, después de una conversación telefónica, según Efe.
Según el juez Ismael Moreno, Cubillas, que trabaja para el Gobierno de Chávez, participó en los entrenamientos a Atristain y Besance en julio y agosto del 2008.
El Ejecutivo de Caracas ha tomado la decisión de investigar a Cubillas, de nacionalidad venezolana, horas después de que el propio Moratinos pidiera al embajador de Venezuela en España que se emprendieran «acciones concretas» contra el colaborador de ETA.
Miguel Ángel Moratinos había transmitido ayer al embajador venezolano, Isaías Rodríguez, que España quería una colaboración más intensa en la persecución de etarras asentados en su territorio. El Ejecutivo pidió una «actuación inmediata y concreta» contra la colonia etarra en Venezuela, y específica respecto a Cubillas.
Sesenta etarras en el país
Interior calcula que la colonia etarra en el país caribeño alcanza las 60 personas, si bien buena parte de ellas están desconectada de la organización terrorista. Existe, sin embargo, un grupo que se mantiene activo y que se ha convertido, según las investigaciones de la Guardia Civil, en la nueva retaguardia logística de ETA.
Hasta ahora, todas las peticiones del Ejecutivo y de los tribunales españoles para que las autoridades venezolanas actúen contra los miembros de ETA han caído en saco roto. El Gobierno ha reclamado la extradición de algunos de ellos y ha visto rechazadas sus peticiones con variados argumentos, desde que los delitos habían prescrito a que los reclamados eran ciudadanos venezolanos y, por tanto, no podían ser extraditados.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, anunció que su departamento trabaja en «una interpretación que permita» llevar a cabo las extradiciones aunque el requerido sea venezolano por matrimonio, como es el caso de Cubillas.