El embajador norteamericano reveló que varios ministros maniobraron para bloquear la instrucción del caso Couso
ESPAÑA
La campaña de la diplomacia estadounidense para frenar causas judiciales que le afectaban generó importantes tensiones entre jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. Nuevos informes de Wikileaks revelan que la evolución del caso Couso y la apertura de un proceso para investigar la prisión de Guantánamo redoblaron las presiones de la embajada de EE.??UU. sobre sus interlocutores, entre ellos altos cargos del Gobierno. En la legación norteamericana en España, encabezada entonces por Eduardo Aguirre, había solo una máxima: utilizar toda la influencia posible para que las causas se archivasen.
El 19 octubre del 2005, el juez Santiago Pedraz ordenó la detención de tres militares estadounidenses por la muerte en Irak del periodista José Couso. La noticia cayó como una bomba en la embajada norteamericana. Y la reacción fue inmediata. «Los ministros españoles están trabajando para que no prosperen la órdenes de detención internacional», escribió el embajador Aguirre en un informe confidencial del 21 de octubre.
El máximo responsable de la legación transmitió que el Gobierno «debe actuar con unidad mientras trata de influir en la judicatura española, ferozmente independiente». Las primeras noticias no tardan en llegar y son buenas: la Fiscalía de la Audiencia Nacional, con Javier Zaragoza al frente, pide el archivo de la causa porque no ha quedado acreditada la autoría de los militares. En marzo del 2006, la Sala de lo Penal confirma el sobreseimiento y enmarca el incidente en un «acto de guerra».
La alegría de Eduardo Aguirre dura poco. El Tribunal Supremo ordenado reabrir la causa en diciembre del 2006 y, cuatro meses después, el juez Pedraz ordena el procesamiento de los militares.
Mientras el entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, garantiza a la familia Couso que tramitará las detenciones, el embajador afirma en una nota secreta que intensificará los contactos de «alto nivel», que incluyen conversaciones con la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega o con el ministro de Asuntos Exteriores Miguel Ángel Moratinos. El 1 de junio del 2007, en un informe con motivo de la visita a España de la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, Aguirre informa que el Ejecutivo «ha ayudado entre bastidores» para cerrar la causa pese al «apasionamiento» del juez instructor.