«A los partidos les cuesta mucho actuar contra sus miembros si estos tienen poder, han contribuido a las arcas, tienen información comprometedora y pueden generar problemas serios de disciplina interna y ruptura de solidaridad», asegura Manuel Villoria. «El caso Fabra es un claro ejemplo», concluye. Villoria afirma que hay dos razones fundamentales para que no se castigue a los corruptos en las urnas: «la expandida creencia de que todos son iguales y que quienes votan a un partido y se sienten vinculados emocionalmente a él no creen en exceso las noticias sobre corrupción interna y tienden a justificarla». Y añade: «En ciertas zonas de España, la gente es muy tolerante con la corrupción porque los incumplimientos legales, el dinero negro y la evasión fiscal son parte de su vida», señala. «En consecuencia, también son corruptos, aunque no lo sepan o no quieran saberlo». Aboga por tomar medidas en los ámbitos central, autonómico y local. En los dos primeros, «sería muy positivo tener una función directiva profesional y no tan politizada, crear organismos de prevención y lucha contra la corrupción, que hagan evaluaciones de riesgo, detecten casos dudosos, investiguen y, en su caso, remitan a la Fiscalía los presuntos delitos o sancionen si no hay delito».
A nivel local, «no podemos tener tantos municipios, hay que recortar poder a los alcaldes, reforzar la profesionalidad de los funcionarios y garantizar la independencia de los interventores y secretarios, mejorar la transparencia, reducir la discrecionalidad, sobre todo en el área urbanística, controlar las incompatibilidades y conflictos de interés o investigar los patrimonios de los electos, entre otras cosas».