La sentencia sobre Bildu debilita al Ejecutivo y divide a los socialistas
04 may 2011 . Actualizado a las 06:00 h.«Ni EA ni Alternatiba forman parte de la estrategia de ETA». Esta frase no procede de miembro alguno de Bildu sino del lendakari vasco, el socialista Patxi López. Y es que la sentencia del Supremo, impulsada por el Gobierno a través de la Abogacía del Estado, ha puesto en peligro la estabilidad del Ejecutivo y ha dividido a los socialistas mucho más de lo que reconocen públicamente.
El Gobierno trata de recomponer sus relaciones con el PNV. Zapatero y Rubalcaba han mantenido sendas conversaciones telefónicas con el líder de los nacionalistas vascos, Íñigo Urkullu, quien el lunes anunció la suspensión de su apoyo a futuras iniciativas del Ejecutivo. «De esas conversaciones ha derivado un cierto compromiso para darnos un tiempo, un margen de confianza, esperar acontecimientos, ver cómo se pronuncia el Tribunal Constitucional y a partir de ahí retomar unas conversaciones para recuperar una sintonía que en este caso no se ha dado», informó ayer el portavoz del PNV en el Congreso, Josu Erkoreka.
CiU se desmarca
Por si acaso, CiU ya advirtió ayer de que no será la muleta del Gobierno ni llenará el vacío que dejen los peneuvistas. Lo anunció primero Duran i Lleida y lo ratificó posteriormente Artur Mas, quien declaró que «no corregiremos nuestra línea, no haremos un viraje total, ni un cambio de 180 grados, no tendría demasiado sentido; no variaremos el rumbo en Madrid».
Así las cosas, el Ejecutivo confía en que el Constitucional, tan dividido como el Supremo pero con predominio de los magistrados progresistas, abra en el último momento una puerta a la participación de la coalición aberzale en las elecciones. Los socialistas, que impulsaron la impugnación de la coalición presionados por el PP, ven ahora como su empeño puede dejarlos sin los votos parlamentarios necesarios para culminar la legislatura con normalidad. No es que la falta de apoyo del PNV obligue a Zapatero a anticipar las elecciones, pero la soledad parlamentaria que conllevaría, unida a un previsible desastre el 22-M, podría convertir los meses previos a las generales en un calvario político.
Patxi López, con EA
En el Constitucional confían también los sectores del PSOE que, aunque con sordina, discrepan de la línea oficial del Gobierno. No es solo el PSC ni muchos socialistas vascos que, como Odón Elorza, alcalde de San Sebastián, criticaron el fallo del Supremo. Ayer, el propio Patxi López, tras mostrar su «respeto y acatamiento» a las resoluciones de los tribunales, destacó su «convencimiento y seguridad» en que «ni EA ni Alternatiba ni están al servicio ni forman parte de la estrategia de ETA», que era el argumento central de los magistrados del Supremo que impusieron por mayoría su veto a la coalición. No obstante, el lendakari recordó que «hay que esperar a la decisión del Tribunal Constitucional, que es el garante de los derechos de todos los ciudadanos y ver cómo solventa la situación para que se garanticen estos derechos». El Constitucional deberá resolver antes de que comience la campaña, a las 0 horas del viernes.
Las reticencias socialistas molestan en el PP. Su portavoz en el País Vasco, Leopoldo Barreda, exigió «coherencia» al PSOE para respaldar «decisiones coherentes» contra ETA. Y la secretaria general, Dolores de Cospedal, mostró su confianza en que el Constitucional ratifique la resolución del Supremo.